E l problema de la Ley de Precios y Costos Justos no son tanto sus efectos económicos sino su carácter policial.

Los precios de los productos esenciales se encuentran controlados desde hace años y esto no ha impedido la inflación ni la especulación. Una nueva ley no las va a detener porque lo que se necesita es un cambio de las políticas económicas, dado su fracaso evidente.

La novedad de esta ley es su carácter arbitrario. Es aplicable a todos los bienes y servicios y abarca a productores y comerciantes: de antemano todos son sospechosos. Pero como en la práctica resulta imposible controlar a tanta gente, y menos aún con procedimientos tan engorrosos, queda al arbitrio de los funcionarios elegir cuáles serán las víctimas a sacrificar.

Esta semana se comenzó por los productos de limpieza del hogar y de cuidado personal. No tanto por sus precios, que en su mayoría ya son controlados, sino por sus productores, que están en la mira del gran jefe, como lo demostró el gazapo del Presidente cuando hizo una lista de las empresas extranjeras que hay que mirar con lupa. Las mencionadas (Procter and Gamble, Colgate Palmolive, Unilever, Nestlé, Coca Cola y Pepsi Cola) tienen en común que son compañías transnacionales. Pero el comandante añadió a Alimentos Polar, la única venezolana.

A las claras se ve que se trata de una selección hormonal, o producto de la quimio. A estos presuntos villanos se les invierte la carga de la prueba. Deben demostrar al Gobierno que no están ganando mucho, con lo cual se les pone a la defensiva, por medio de una maniobra que el Presidente estima una brillante argucia militar.

Mañana los villanos serán otros sectores de la sociedad según los caprichos del comandante y su necesidad de retaliaciones.

Saldrá una horda de fiscales, disfrazados de poder popular, a tratar de detectar las posibles víctimas y acusar al vecino. Desde la más poderosa trasnacional petrolera hasta el buhonero de la esquina que vende arroz o aceite.

Y en todos los casos resultará fácil mostrar algo tan impreciso como un "enriquecimiento excesivo" o un "comportamiento especulativo" y aplicar multas y sanciones. Lo que se quiere es sembrar terror. Esto afecta más a los venezolanos que a las transnacionales, porque nosotros nos tenemos que quedar aquí irremediablemente, mientras que aquellas pueden operar en cualquier parte.

Pero en lo económico el resultado será casi nulo, salvo el desabastecimiento. Porque los controles de precios pueden ser buenos o malos, según la ocasión y la pericia que se tenga para instrumentarlos. En la cuarta república los tuvimos muchas veces, con diferentes resultados.

Pero intentar hacerlo en medio de una inflación desbocada y sobreponiéndolo a un control de precios ya fracasado es totalmente inútil, excepto para cumplir con los fines policiales mencionados. Hace tiempo dejamos de tener precios de mercado: ahora tendremos precios policiales.