• Caracas (Venezuela)

Nicolás Bianco

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Inseguridad en la UCV

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La muy grave y reiterada situación de inseguridad que padecen las comunidades del conjunto de universidades públicas autónomas fue presentada una vez más ante el Consejo Nacional de Universidades presidido por el ministro Pedro Calzadilla a principios de noviembre de 2013, por la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha Márquez, en su carácter de presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores. El ministro de Interior, Justicia y Paz, general Rodríguez Torres, fue invitado a participar en la discusión y a proponer acciones tanto extramurales como de asesorías que se integren con las dispuestas por la seguridad interna de cada casa de estudios.

En cinco años y seis meses de gestión rectoral en la UCV, hemos enfrentado todo tipo de atentados, homicidios en grado de frustración, un estudiante muerto dentro del recinto y la destrucción de espacios físicos. Cerca de 65 denuncias específicas ante el Cicpc y la Fiscalía General de la Nación y un estudiante expulsado. El silencio de estas instancias ha sembrado un ambiente de profunda impunidad.

En los últimos 18 meses, se ha incrementado el tráfico de drogas, la invasión de motociclistas que mantienen en zozobra a la comunidad por sus fechorías, y se han identificado espacios donde se practica la prostitución.

Cumpliendo con nuestra responsabilidad, hemos generado durante todo el lapso como autoridades rectorales y decanales, (2008- ) iniciativas muy concretas para enfrentar la violencia. El gobierno nacional no las ha aprobado. Más aún, luego de la reciente reunión del CNU, la rectora García Arocha ha cumplido a cabalidad su parte del compromiso y se ha reunido en varias ocasiones con la rectora El Achlkar de la Universidad de la Seguridad (delegada por el ministro Rodríguez Torres para abordar el problema con las universidades), procediendo en el caso de la UCV a renovar la directiva de la Dirección de Seguridad Interna y programar las asesorías.

Sin embargo, no ha sido así con los despachos de Educación Universitaria y Ministerio de Justicia, cuya falta de respuestas es altamente preocupante. En muy pocos días iniciamos nuevamente la totalidad de nuestras programaciones. Las sedes de la UCV volverán a albergar a más de 100.000 personas.

Qué hacer en lo inmediato y desde el extramuros: 1. Que la Sala Constitucional del TSJ deje sin efecto la prohibición de fijar los portones en la Ciudad Universitaria. Podrían colocarse en 4 días (disponibles desde el 2009). 2. La Alcaldía del Libertador debe proceder a reubicar la economía informal que ha tomado la entrada de las Tres Gracias. Poseemos un proyecto listo para instalar una mini estructura que evitaría el retorno de esos grupos contaminados por narcotraficantes. 3. Establecer los puntos de control en conjunto con la seguridad interna a distancia razonable de los portones, entradas auxiliares y plaza Bicentenaria, así como reforzar la seguridad del área de la parroquia y la casa de los profesores. 4. Reuniones entre las autoridades rectorales y las directivas del Hospital Universitario y del Instituto Nacional de Higiene, para abordar a la brevedad los nuevos convenios de cohabitación interinstitucional. Los alrededores de ambas instituciones son una fuente poderosa de delitos y del narconegocio que ha devenido en una situación insostenible.

Un llamado de alerta a todos los sectores de nuestra comunidad ucevista y a la familia venezolana: si el gobierno, la alcaldía y el TSJ no acometen las acciones inmediatas (puntos 1-4), que reiteradamente hemos propuesto, que se sumen a medidas aplicables en nuestras sedes del interior y estaciones experimentales, la inseguridad y sus letales consecuencias seguirán causando estragos en nuestro diario acontecer.