• Caracas (Venezuela)

Nelson Socorro

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Nelson Socorro

La constitucionalidad de la protesta

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El país se encuentra en la etapa de transición más peligrosa de su historia. Lo que se inició como una iniciativa de masas de estudiantes a escala nacional, de María Corina y Leopoldo, cansados como estaban de la inercia del resto del estamento político partidista del país, se ha transformado en una lucha sin cuartel que no tiene sino una de dos salidas: o el gobierno claudica, en aspectos violatorios de la Constitución, tan fundamentales de su política, que no pareciera ni creíble ni posible que suceda; o, por el contrario, la sociedad venezolana, encabezada por una juventud heroica y anónima y, esperamos, por todos sus líderes, continúe con las efectivas manifestaciones de disconformidad como  marchas, concentraciones, cacerolazos, quema de basura, interrupción del tránsito y otras  formas de protesta, molestas pero pacíficas, garantizadas por el artículo 68 de la Constitución, hasta lograr sus objetivos.

La amplitud y profundidad del movimiento, el cual no tenía ni planificadores ni programa, rebasó amplísimamente las expectativas de sus iniciadores, es directamente proporcional a la crisis que enfrenta desde hace ya muchos años la totalidad de la sociedad venezolana. De lo contrario, uno no se explica cómo estén protestando simultáneamente, por las mismas razones e igual manera, los pobladores de San Cristóbal, Barquisimeto, Maracay, San Mateo, Cabudare, los Altos Mirandinos, Bejuma, Mérida, Valencia, Catia, Guarenas, Guatire, La Vega, Los Ruices, Las Adjuntas, Caricuao y otras cientos de poblaciones más. La repuesta del régimen mientras tortura y asesina, consiste en calificar infantilmente a sus protagonistas de fascistas, y simultáneamente en forma autista, habla de paz y de diálogo.

Innumerables analistas han detallado con precisión las miles de causas que dieron origen a este movimiento, las doy por reproducidas. No obstante, lo importante del fenómeno es que las consecuencias  llegaron al pueblo y lo hartaron: de la inseguridad y sus 175.000 muertes sin castigo; de los pranes que  desde las prisiones ordenan y ejecutan secuestros y asesinatos de indefensos ciudadanos; de un gobierno que no gobierna, sino que habla en cadenas nacionales; de la escasez; de la mentira; del racionamiento de alimentos y del despilfarro de más de 800.000 millones de dólares en 14 años de desgobierno; del control que 80 oscuros personajes tienen de todas las instituciones públicas; del control por parte de 10 de ellos de todos los medios radiales, televisivos y escritos del país; de la incompetencia manifestada en la destrucción de todos los servicios públicos; de las bandas armadas de civiles (colectivos, círculos y  UBCH) creadas por el régimen, y cotidianamente arengadas por los ciudadanos Maduro y Cabello, cabezas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en violación del artículo 324 constitucional, que exige  ley que autorice el uso de armas por civiles; de la represión cobarde, pública y notoria que se está llevando a cabo miserablemente con escopetas cargadas de perdigones y bombas lacrimógenas por la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana contra vecinos, mujeres y muchachos que no esgrimen otras  armas  que  su voz y sus gestos; del incumplimiento de las centenares de miles de  promesas que Chávez y ahora Maduro en interminables horas de peroratas televisivas y radiales les han hecho a los venezolanos, en estos largos, tristes y penosos 14 años, tal como vívidamente lo relata el no precisamente opositor semanario, Las Verdades de Miguel, en su edición del 7 al 13 de marzo de 2014, cuya lectura recomiendo.

La semana que acaba de transcurrir (del 2 al 9 de marzo de 2014) los venezolanos esperábamos anhelantes un pronunciamiento de la MUD o de sus voceros. Paradójicamente, semanas atrás, habíamos sido sorprendidos por el estrechamiento de manos entre Capriles y Maduro, en una reunión convocada en Miraflores para la realización de un Consejo Federal de Gobierno. En días recientes, observamos en TV a dirigentes políticos de la oposición en una especie de parodia acompañados por el vicepresidente de la República para un inicio de “mesa de diálogo” en pleno tiroteo, asesinato a mansalva y fumigación con gas de pueblo manifestante. Dos diputados renunciaron, a su curul uno, y a su partido el otro. El jueves 6/3/2014 sabemos que en tormentosa reunión de cúpula, el organismo se deslindó del camino escogido por convicción unánime por los miles de actores de las cientos de protestas que ha habido en estos últimos días en todo el país. La semana se terminó con un abortado llamado de marcha el día sábado, hasta el Ministerio de la Alimentación, marcha desviada hacia el este de la avenida Andrés Bello por el propio Capriles, sin ninguna explicación de sus razones.

En la oposición estamos, en consecuencia, ante la disyuntiva del diálogo o de la continuación de las protestas. A los efectos de la memoria, escoger la vía de un diálogo sin condiciones y de la creencia de que este régimen es serio y cumple lo que promete, debemos recordar que la conciliación y el diálogo fue el camino que confiadamente escogió la MUD hace ya unos cuantos meses y no le produjo ningún resultado. En efecto, el 14 de abril de 2013, día de las elecciones, Capriles y la MUD nos afirmaron que Capriles había ganado. Al día siguiente se nos dijo que, para evitar males mayores y puesto que Maduro el día anterior se había comprometido a entregar los cuadernos de votación, la MUD o el comando de campaña introducirían recursos ante el TSJ. El régimen a través del CNE no solo no le entregó a la MUD (contradiciendo lo que Maduro había dicho días antes) los cuadernos, sino que los fundamentados recursos de nulidad elaborados por expertos abogados fueron desestimados por un TSJ cuya integridad había sido no solo mancillada, sino completamente destruida, sin rubor ni repuesta de sus miembros, meses antes, por las insólitas declaraciones y denuncias suministradas por el ex presidente de la Sala Penal, el general Aponte Aponte.

No obstante, no podemos exigirle a la MUD, organismo única y exclusivamente electoral y sin ningún poder de convicción o de ordenación sobre los partidos en ella representados, responsabilidad. Cumplió un mandato del cual todos los venezolanos nos sentimos orgullosos y nos consta que sus asesores han hecho un trabajo y una serie de análisis extraordinarios. Nos hizo ganar elecciones, sus miembros, los partidos políticos que la integran, no le deben obediencia y tienen autonomía de acción frente a sus ejecutorias, pero estos hechos no son suficientes. Hoy millones de venezolanos están esperando ansiosos un pronunciamiento, una directiva, una indicación y, sobre todo, un apoyo.

La sociedad venezolana, a través de sus líderes, debe exigir como condición ineludible para el diálogo y para abandonar las protestas que el régimen respete no solo los principios, sino la letra de la Constitución, ya que el Estado ha violado y viola sistemática, contumaz y públicamente, el texto, el espíritu y los principios en ella contenidos. En efecto, las razones fundamentales de las protestas se fundamentan en: 

1) Acabar con el hambre, el racionamiento, la escasez de alimentos y dedicarse al desarrollo de una agricultura sustentable, la producción agropecuaria interna, la producción nacional de alimentos y la promoción de la economía nacional con objeto de garantizar al pueblo la seguridad alimentaria (artículo 305).

2) Respetar los derechos de participar en los asuntos públicos por las fallas graves en políticas públicas, tales como el hambre, el racionamiento, la inflación, la inseguridad, la represión, la partidización de componentes militares, la dotación de armas a los colectivos (artículo 62) y a el derecho a la manifestación pacífica (artículo 68), y obligarlo a otorgar la libertad plena y no condicional a los ciudadanos procesados por haber ejercido un derecho constitucional.

3) Liberar a todos los presos políticos, ya que el derecho al pluralismo político y los derechos humanos tienen preeminencia  y son valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado venezolano y, siendo la manifestación pacífica un derecho humano (artículos 2 y 68), no puede ser conculcado por ley alguna.

4) Respetar los principios de igualdad, Estado democrático y de justicia, preeminencia de derechos humanos, pluralismo político, respeto a la dignidad, ejercicio democrático de la voluntad popular, promoción del bienestar del pueblo, cumplimiento de la Constitución, y sometimiento a la soberanía popular, consagrados como principios fundamentales en la carta magna (artículos 1, 2, 3, 4, 6 y 7).

5) Reconocimiento del principio del efectivo funcionamiento de los medios de participación popular, desconocido con la aprobación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que modificó los circuitos electorales y trajo como consecuencia que una minoría chavista tenga la mayoría autárquica en la Asamblea Nacional, lo que viola los principios de democracia, participación y protagonismo del pueblo en lo concerniente a la elección de los diputados (artículo 70), autarquía que fue consumada con el nombramiento de una mayoría del partido de gobierno en todas las comisiones permanentes, ordinarias y especiales, lo que ha convertido al Parlamento en un apéndice del Ejecutivo.

6) Logro de un compromiso que garantice la integración de un Consejo Nacional Electoral constitucional y autónomo de influencias partidistas, y del que no hagan parte personas vinculadas al partido de gobierno (artículo 296), y que garantice los principios de igualdad, confiabilidad, imparcialidad y transparencia del voto no solo de los candidatos del gobierno y de su partido, sino de todos los votantes (artículo 294), y que impida a los soldados y oficiales del Plan República intervenir como parte en los procesos electorales, ya que, como es público y notorio, los mismos se comportan como un apéndice del PSUV.

7) Dadas las altas funciones de control y supervisión del cumplimiento de reglas de ética pública y moral administrativa y la buena gestión y legalidad de la actividad administrativa del Estado que tienen a su cargo el fiscal, el contralor y el defensor del pueblo (artículo 74), escoger y determinar los nombres de los ciudadanos que los ocuparán.

8) Proceder a la elección de los magistrados del TSJ, tal y como lo prescribe estrictamente la Constitución y sin intervención de ninguna especie por parte de la Asamblea Nacional ni la de sus miembros, con respeto a la Constitución.

9) Despolitizar las FAN, las cuales no pueden estar al servicio de ninguna parcialidad política (artículo 328) y les está prohibido participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político (artículo 330).

10) Terminar el concúbito entre nuestras Fuerzas Armadas Nacionales y el Ejército cubano, por ser contrario a los principios de autodeterminación nacional, independencia, libertad, soberanía y servicio exclusivo de la nación, que nos es otra que el conjunto del pueblo regido por el mismo gobierno, establecidos en los artículos 1 y 329 constitucionales.

11) Eliminar las milicias, ya que en la estructura constitucional la seguridad de la nación le corresponde solo y exclusivamente a: la Aviación, la Armada, el Ejército y la Guardia Nacional.

De no lograr estos cometidos, el movimiento debe seguir la lucha y presionar hasta que el régimen cumpla con sus obligaciones y deberes constitucionales.

No hay vuelta atrás para la oposición, pero para el régimen tampoco hay vuelta atrás, porque ahora el país está arruinado, Pdvsa no solo está quebrada, sino  importando gasolina, y su presidente en peregrinación permanente rogándole a chinos, rusos, iraníes, brasileños y a cuanto mercader se acerque a él la entrega de unos “milloncitos de dólares” como acostumbraba decir Chávez, para pagar alimentos, gasolina, insumos para hospitales, y no dudemos que, bien pronto, bombas de gas lacrimógeno y más petos y armaduras para los miles de guardias nacionales y policías que nos imaginamos piensan incorporar a la lucha contra “sus enemigos”: el pueblo de Venezuela que no piensa como el régimen.

No es momento de mensajes confusos o cobardes, 22 venezolanos, a la fecha, han  perecido por defender sus convicciones de libertad, derecho de expresarse, mayor participación, democracia, derecho de escoger libremente su destino, mejoramiento de sus condiciones de vida, y desgraciadamente otros más la pueden perder en los próximos días. Estamos comprometidos a honrar su memoria y su sacrificio.

De no tomar posiciones en estos momentos, asumiremos que los partidos y dirigentes integrantes la MUD se acogen a la tesis del silencio negativo. Estamos seguros de que esta no sea no su posición en momentos tan aciagos como los que nos esperan.

Nuestra lucha es constitucional.