• Caracas (Venezuela)

Nandy Suárez

Al instante

40 años de paz, libertad y progreso social

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El filósofo griego Empédocles enV

En una página de su famosa obra Paideia dejó anotado el alemán Werner Jaeger cómo el filósofo griego Empédocles había hecho del Amor y la Discordia las fuerzas dominantes de la naturaleza.

En un plan de parangón, tal vez pueda decirse que en la historia de Venezuela, desde 1811 hasta hoy, la confrontación y la concertación en lo político económico y social han sido las fuerzas modeladoras de su devenir. Advertencia hecha de que la parte del león en la disputa le habría correspondido a la primera.

El primer gobierno del general José Antonio Páez, legalmente asentado sobre la Constitución republicana de 1830, sin haberse, ni con mucho, desenvuelto dentro del marco absolutamente total de una completa y pacífica unidad nacional, hizo, sin embargo, avances nada desdeñables en dicho sentido. Y la subsiguiente Presidencia del doctor José María Vargas, abierta en 1835, lució en sus inicios bien prometedora en el camino que el propio Páez había denominado, en un manifiesto de 1831, de marcha hacia “la omnipotencia civil”.

Hoy sabemos que tales esperanzas fueron frustradas y que, desde atrás debilitado por efectos de la guerra de independencia, el elemento civil vio arrebatado su derecho al gobierno por la acción de los caudillos, luego del desastrado final del experimento de Vargas. El “argumento Carujo” (“El mundo es de los valientes”) sobreviviría con creces a su propugnador, con todo y haber sido éste muerto tras el desastrado intento de hacerlo bueno.

Apagada la estrella de Vargas, el ejercicio del poder en nuestro país se turnará, salvo rara excepción, entre caudillos militares, cuyas ambiciones y desacuerdos estarán en la raíz del sinnúmero de “revoluciones” sufrido por el país en el siglo XIX, “revoluciones” que produjeron un fruto común: la inestabilidad política, económica y social.

Particularmente desde 1846 en adelante, acompañará en paralelo a este erizado paisaje otro de conversaciones truncas y acuerdos políticos fallidos para lograr la paz que diera cabida a lo que algunos por entonces llamaban la república práctica. El fracaso de los diálogos que pudieron darse y no se dieron entre Páez y Antonio Leocadio Guzmán, líder del liberalismo opositor, y entre José Tadeo Monagas y el mismo Páez, en 1846 y 1847, respectivamente, tuvo un pesado costo: la prisión y condena a muerte de Guzmán, en el primer caso, y en segundo, el llamado “asesinato del Congreso” del 24 de enero de 1848 y el consiguiente fracasado alzamiento militar del caudillo llanero.

De parecida manera, el malogro de la concordia de 1858, que reconcilió y llevó a compartir apenas fugazmente gobierno a liberales y paecistas, tras el derrocamiento del presidente José Tadeo Monagas, en marzo de 1858, limpió el camino a la Guerra Federal de 1859 – 1863, tan extraordinariamente ruinosa en vidas y bienes nacionales. Y ya en desarrollo ésta, la ruptura de las negociaciones de paz de 1861 entre los generales Páez, presidente de la República, y Juan Crisóstomo Falcón, jefe de los federales, conllevó la fatídica prolongación de una contienda que uno de sus propios actores llamó, con humor macabro, de “los tres golpes” porque, en su apogeo, hizo del “matar, fornicar y hurtar” fórmula cotidiana conducta entre los bandos enfrentados.

Atacado como ha sido por muchos el Tratado de Coche del 24 de abril de 1863, que puso fin a la citada guerra civil, quien quiera ver, sin embargo, su lado favorable de suerte de lluvia sobre candelas conviene que lea la apología de aquél, hecha un año después de firmado el mismo, por el más apasionado e inteligente de entre los adversarios del federalismo nacional: el periodista Juan Vicente González.

Pero la propia paz de Coche no proporcionó sino un respiro de paz a un país del cual había escrito el ya citado González esta frase que aún hoy conmociona: “El olivo no nace en sus riberas”.

Y sin embargo, no habría habido entre los contendientes políticos venezolanos del siglo XIX abismos insalvables en materia de ideas. Tampoco se diferenciarían ellos, por ejemplo, en cuanto a la convicción de que las más urgentes necesidades del país concernían a instrucción pública, inmigración y caminos. De ello dejarán testimonio lo mismo un Cecilio Acosta que un Guzmán Blanco. Este último llegó inclusive a escribir que en la Venezuela de su tiempo no había quien no fuera liberal en punto a pensamiento político.

El saldo de los resultados una confrontación como la descrita correspondió hacerlo, ya para finales de siglo, a intelectuales como César Zumeta y José Gil Fortoul y fue, naturalmente, apabullantemente desalentador.

 

Un trueque de ganancias discutibles: el de libertad por paz

Llegados al siglo XX venezolano, nos topamos con que el mismo se abre con dos gobiernos dictatoriales, los de los generales Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez.

En cuanto al de Castro, el ya famoso autor de la Historia constitucional de Venezuela, Gil Fortoul, dirá cómo, concluidos sus nueve años de gobierno, no se le debían al mismo ni la entrada de un inmigrante, ni la construcción de un solo kilómetro de ferrocarril.

Como complemento, podríamos añadir nosotros en su contra el ejercicio despótico y corrupto del poder y haber inmiscuido al país en conflictos internos y externos.

Dicho de otra manera: bajo Castro brillaron por su ausencia la paz, la libertad y el progreso.

En tal coyuntura, no resulta de extrañar que, en diciembre de 1908, las entonces llamadas fuerzas vivas del país (caudillos, hacendados, comerciantes, industriales, intelectuales...), hartas de Castro y ansiosas de paz, se agruparan en torno al Vicepresidente Gómez, cuando éste, aprovechándose de un viaje de Castro al exterior por razones de salud, le usurpó la Presidencia.

Tal golpe de audacia abrió campo a una sucesión de tiranos, porque el Gómez que en un banquete en la hacienda aragüeña de La Providencia hablara, a comienzos de su gobierno, en 1909, de que la piedra fundamental de la política venezolana sería “la conciliación y la liberalidad...”, se convirtió, a partir de 1913, en un dictador con afanes de perpetuidad.

Dictatorial y todo, el régimen de Gómez pudo jactarse, con todo, de haber sido uno apoyado desde el principio hasta el final por las ya mencionadas fuerzas vivas del país, dado que la bandera de la paz por él esgrimida no era nada despreciable para un país, Venezuela, con una historia de guerras tan prolongada como la descrita y el trueque de paz contra libertad encontrara más partidarios que enemigos. En el hecho, solamente desertarán de tal coalición de una suerte de criolla pax romana uno que otro caudillo, tal cual intelectual, ciertos jóvenes militares de academia y, en condición de grupo humano intransigentemente antidictatorial, los estudiantes universitarios, que se plantarán contra el régimen en 1912, 1914, 1918- 1919, 1921 y, sobre todo, 1928.

 

López Contreras y Medina Angarita

Los sucesores inmediatos de Gómez, generales presidentes Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, serán actores, a partir de 1936, de un viraje político de una naturaleza que ha permitido calificar a sus regímenes, con mayor o menos fortuna, como de transición democrática. En el hecho, mantuvieron la paz nacional impuesta manu militari por Gómez, procuraron prolongar la concertación de fuerzas vivas fraguada bajo el mismo, abrieron, si no ancha puerta, al menos alguna ventana al ejercicio de las libertades políticas y echaron a andar ciertas iniciativas de progreso económico y social.

De López Contreras fueron estas palabras de 1940, sobre el tema que nos interesa:

“La historia enseña que la evolución de la sociedad, cuando ha alcanzado un alto nivel de perfeccionamiento, es el fruto de la unión, convivencia y solidaridad de todas las fuerzas vivas que la componen, bajo el control liberal del Estado.”

Y estas otras, de Medina:

“... yo no aspiro sino a ser el servidor de una política de progreso, de justicia y de concordia nacional”.

Con todo, los tiempos habían avanzado lo suficiente como para los líderes políticos de nuevas corrientes y una mayoría del pueblo ganada para las propuestas de estas últimas se sintieran capaces de exigir más. Por ejemplo, una cabal democracia.

 

Un trienio de libertad y progreso social, pero sin paz

Dentro de ese espíritu tuvo lugar la llamada Revolución del 18 Octubre de 1945, que colocó a la cabeza del poder a una Junta Revolucionaria de Gobierno, compuesta por civiles y militares y presidida por Rómulo Betancourt. Siguió un gobierno de tres años, entre cuyos méritos más sustanciales se contarían, en primer lugar, el establecimiento del voto universal, directo y secreto; en segundo, la apertura de espacios de libertad suficientes para la conformación de un sistema político multipartidista, que hizo posible la aparición de URD y Copei y la libre actividad del PCV; en tercero, un empuje nunca antes visto a la educación y la salud. Por otro lado, dicho período contempló las diligencias dirigidas a lograr un avenimiento o pacto obrero – patronal de carácter nacional.

Bajo el trienio democrático hubo libertad y progreso, pero faltó, con todo, la paz. Aunque Rómulo Gallegos había anunciado como candidato presidencial que su gobierno sería uno de concordia, el caldeado ambiente de confrontación política y social creado a lo largo de aquél y ciertos recelos sobre supuestos intentos de partidización del ejército nacidos en el seno de los cuarteles resultaron determinantes para abrirle paso al golpe militar que, el 24 de noviembre de 1948 puso fin a su gobierno y dio inicio a otro de la fuerza armada que, ya bajo la forma de triunviratos, ya unipersonal, como el encabezado por el coronel Marcos Pérez Jiménez, regirá el país por casi una década.

 

Una paz de bayoneta calada

Fue así como Venezuela retornó a la paz armada sin libertad y debió sufrir un gobierno que marginó, primero, y hostilizó abiertamente, luego, a partidos, gremios y sindicatos y que, colocándose a la sombra casi exclusiva de Ejército, creyó encontrar la solución de los problemas del país en políticas de inspiración principalmente tecnocrática. Será la hora mixta de la actividad del bull dozer, la exaltación nacionalista encarnada en la Semana de la Patria y el terror político en la Seguridad Nacional.

 

Todos unidos contra la dictadura

Avanzado en su período constitucional tal régimen, se fue construyendo, sin embargo, en paralelo, la unidad anti-dictatorial. La iniciativa corrió en un primer momento a cargo de los partidos (AD, URD, PCV, COPEI) y de sus organismos de influencia: sindicatos obreros, gremios profesionales y fracciones estudiantiles. Luego, se extenderá a otros sectores, al modo de la Iglesia católica y ciertas fracciones del propio ejército nacional.

La Iglesia católica dará una cuota de valor al resquebrajamiento de la dictadura al publicarse el 1º de mayo de 1957 por el arzobispo de Caracas, Monseñor Rafael Arias Blanco, una pastoral en la cual discrepaba de la propaganda gubernamental que pretendía presentar a la Venezuela de entonces como un país económica y socialmente ejemplar.

Un paso siguiente importante lo marcó la constitución, por junio del propio 1957, de una Junta Patriótica clandestina cuatripartidista. Luego se escalonaron la huelga estudiantil universitaria del 21 de noviembre de 1957, el artificioso plebiscito presidencial del siguiente 15 de diciembre y la conspiración militar-civil que desembocó en la fracasada rebelión del 1º de enero de 1958.

La caída de Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, dio paso a unos días de unidad nacional, bajo un doble designio: nuestro país nunca más conocería una dictadura y el régimen democrático sería en adelante el único aceptable para los venezolanos.

¿Cómo conseguirlo? Tocó al liderazgo nacional de entonces discutirlo y darle forma, no sin que precediera -sobre todo en su sector político- un ejemplar ejercicio de autocrítica respecto de los lados flacos de la experiencia de gobierno escenificada en el trienio 1945 – 1948, en particular el incontrolado sectarismo.

El gran trabajo de 1958 fue, en propiedad, la construcción de un sólido frente democrático con una virtual universalidad de componentes políticos, económicos y sociales. Los obstáculos por sortear no fueron pocos. Tampoco los combates que tuvo quedar contra los enemigos militares y civiles concertados contra el dicho propósito. Pero el designio fue finalmente logrado.

 

El camino al Pacto de Punto Fijo

Los hitos en el camino de la unidad política, económica y social de 1958 los fueron marcando diversas y consecutivas iniciativas de concertación.

El primero de ellos lo constituyó el “avenimiento obrero – patronal” del 24 de abril de 1958, en cuya virtud patronos y obreros se acordaron para desenvolver las actividades de producción en condiciones de mutuo provecho. Luego, el 21 de agosto de 1958, fueron los profesionales universitarios y profesores quienes aprobaron una Declaración de Principios que los unificaba para defender la democracia, gesto que tendría su especie de duplicado en el Pacto de Unidad Estudiantil del siguiente 21 de noviembre.

El 31 de octubre de 1958 se firmó en Caracas por parte de los dirigentes de los tres más importantes partidos políticos: URD, Copei y AD -a su cabeza Jóvito Villalba, Rafael Caldera y Rómulo Betancourt- el cuarto y más renombrado de todos los acuerdos: el Pacto de Punto Fijo.

Le había precedido una intensa negociación, ejecutada en paralelo con otra similar, destinada ésta a acordar a todos los partidos políticos sobre un candidato presidencial único, negociación ésta que, por cierto, no llegó a cristalizar.

Documento del que puede decirse que se habla mucho y conoce poco, el Pacto de Punto Fijo fue uno más bien modesto en sus postulados. Los mismos se redujeron a tres: 1) Los partidos firmantes se comprometían a reconocer y defender el resultado de las elecciones generales dispuestas para el 7 de diciembre de 1958. 2) Igualmente, a constituir un Gobierno de Unidad Nacional, sin hegemonía de ningún partido y con inclusión de independientes, iniciativa a la que ligaba “... la suerte de la democracia venezolana y la estabilidad del Estado de derecho” y 3) Los propios partidos asumían el compromiso de redactar un Programa mínimo común “... cuya ejecución sea el punto de partida de una administración nacional patriótica y del afianzamiento de la democracia como sistema”. Contra lo que es común suponer, el Pacto no extendía su vigencia a más allá del período constitucional 1959 - 1964.

Debe decirse que el Pacto se cumplió a cabalidad por sus signatarios. Para comenzar, todos ellos reconocieron y apoyaron la elección hecha de Betancourt como Presidente de la República el 7 de diciembre de 1958.

Asumido el poder por Betancourt, el 13 de febrero de 1959, el Pacto cobró forma de un gobierno de coalición tripartidista que se mantuvo como tal hasta la deserción que de él hizo URD, en 1960. A partir de allí, se transformó en una alianza de solamente AD y Copei, ésta sí mantenida hasta el final del quinquenio presidencial.

Finalmente, el día 6 de diciembre de 1958, víspera de los comicios que le dieron el triunfo a Betancourt, los tres candidatos presidenciales postulados por los cuatro principales partidos (comprendido el PCV, que apoyaba a Larrazábal) suscribieron el ya citado Programa Mínimo Conjunto, que comprometía a los mismos, en caso de ser electos, a adelantar un número de actividades en campos que pudieran denominarse “omnicomprensivos”: Acción Política y Administración Pública, Política Económica, Política Petrolera y Minera, Paz Social y Laboral, Política Educacional, Fuerzas Armadas, Política Inmigratoria y Política Internacional.

 

Una alabanza de “allá lejos y hace tiempo”

Debatido en su momento – principalmente por haber, de hecho, puesto fin con su firma, a las laboriosas gestiones hasta entonces hechas para lograr un candidato presidencial único y también por haber excluido de su ámbito al PCV- el Pacto de Punto Fijo encontró, sin embargo, entonces más apologistas que detractores.

Tal vez uno de los más ardorosos defensores del mismo lo constituyera entonces un pino joven del partido de Villalba, José Vicente Rangel, quien en un artículo publicado en el diario Panorama de Maracaibo, en su edición del 8 de enero de 1959 llegó a escribir estas muy sensatas palabras:

“La existencia hoy de un documento como el Pacto de Punto Fijo, respaldado por los tres Partidos mayoritarios de Venezuela, es una garantía de paz y estabilidad. En ese instrumento unitario quedaron establecidos muy claramente los principios que habrían de informar al Gobierno emanado de la voluntad popular. Si bien su forma levantó el revuelo en la oportunidad de su elaboración, el desarrollo de los acontecimientos nos ha venido a demostrar su trascendencia. De no haber ese acuerdo previo, del cual el Pueblo Venezolano espera todo, otra, quizá, sería la situación actual. Y es que la vida política de una nación se debe llevar a través de fórmulas que impidan resentimientos; de factores que den la sensación de confianza, y que alienten en cada pecho un mínimum de esperanza. Si bruscamente le cortamos las aspiraciones a densos sectores nacionales y les cerramos las puertas hacia el cabal disfrute de sus más caras aspiraciones, estaremos creando los gérmenes de la violencia y del sectarismo”.

Como sea, el Pacto de “Punto Fijo” propulsó el más largo período de unidad nacional conocido por la Venezuela republicana y abrió paso a la también más larga cadena de gobiernos de signo democrático conocidos por el país. El mismo dio, por fin, forma concreta exitosa a la truncada “concordia” entre partidos abortada justamente cien años atrás, en 1858. Y tuvo su complemento en un Programa mínimo de gobierno, firmado por Wolfgang Larrazábal, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, candidatos presidenciales, el 6 de diciembre de 1958, que espera por un ejercicio de investigación destinado a dilucidar en qué medida y por cuanto tiempo los lineamientos de acción gubernamental trazados por él influenciaron sin hiatos de una manera fructuosa las administraciones presidenciales quinquenales iniciadas en 1959.

Todo lo escrito fue posible porque en 1958 se creyó que una Venezuela para todos se podía lograr únicamente con el acuerdo de todos. Entonces se tuvo también claro que inclusive un ambiente de espíritu de unidad política tan absolutamente extraordinario como el creado a raíz del final de la dictadura perezjimenista no era sino la antesala necesaria para las disputas ideológicas y doctrinarias que, de una manera natural, debían necesariamente sobrevenir en un futuro inmediato, porque la democracia es, por su propia naturaleza, un régimen político indesligable del reconocimiento del hecho de la pluralidad de conceptos y opiniones –a veces antitéticos- que caracterizan a cualquier comunidad humana libre.