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Una ola de violaciones y asesinatos de menores sacude a la sociedad boliviana

En Bolivia no existe la pena capital y la pena máxima recogida en la legislación del país es de 30 años sin indulto para los casos de asesinato y feminicidioefe

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Decenas de padres de familia bolivianos se manifestaron hoy para exigir que se castigue con la castración y la pena de muerte a los violadores, en medio de una ola de violencia física y sexual contra menores que tiene conmocionada a la sociedad.

El último de los casos es el de una niña de cuatro años que estaba desaparecida desde hace cinco días y fue encontrada sin vida en la laguna donde se ahogó tras ser violada, según la autopsia.

El cuerpo de Laidy Vásquez fue encontrado flotando en una laguna de la localidad de Palca, cerca del pueblo de Sacaba, en la región central de Cochabamba, informaron a Efe fuentes policiales.

El subteniente Ludwing Romero, encargado del caso, declaró que los médicos certificaron en la autopsia realizada en la ciudad de Cochabamba que la niña fue abusada sexualmente y la policía detuvo al abuelo de la menor, de 58 años, como "principal sospechoso".

El nuevo crimen se conoce a la vez que se intensifican las protestas de asociaciones de padres de familia que exigen que se aumenten los castigos contra los abusadores de menores a raíz de la violación y muerte, la semana pasada, de un bebé de ocho meses que vivía en un orfanato.

En Bolivia no existe la pena capital y la pena máxima recogida en la legislación del país es de 30 años sin indulto para los casos de asesinato y feminicidio.

"Cómo se puede hacer eso a niños sin defensa, tiene que haber pena de muerte para los violadores para que pare todo esto", declaró a Efe Rogelia Calisaya, una de las madres que se manifestaron hoy ante el Ministerio de Justicia en La Paz.

En los últimos días también hubo manifestaciones ante el orfanato donde ocurrió el suceso y ante la Corte Judicial de La Paz.

Los manifestantes también pidieron que en los orfanatos haya personal calificado, tras comprobarse que jóvenes menores de veinte años y sin experiencia trabajan en esos centros de acogida y tienen bajo su cuidado a varios niños a la vez.

El caso del pequeño Óscar, que murió tras ser violado en circunstancias que aún no se han esclarecido, mantiene conmocionada a la sociedad boliviana desde la semana pasada.

Las autoridades imputaron a funcionarios del orfanato y a enfermeras y médicos de un hospital de La Paz donde el bebé fue atendido y pasó unas horas antes de morir tras la violación, en circunstancias que aún se investigan.

Dos enfermeras y la niñera del menor en el orfanato están acusadas de infanticidio y fueron recluidas en penales diferentes, mientras que otra enfermera, dos médicos y un estudiante de medicina están bajo detención domiciliaria, todos acusados de encubrimiento.

Este caso ha provocado reproches mutuos entre instituciones del Estado como el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General.

Cuatro fiscales de La Paz imputaron a tres personas por infanticidio y a cuatro por encubrimiento, tras un trabajo de investigación que, sin embargo, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, consideró "negligente".

El Fiscal General replicó enviando a dos altos funcionarios más de la Fiscalía desde la ciudad de Sucre a La Paz.

Los trabajadores del Hospital del Niño declararon hoy un paro para exigir que se libere a las enfermeras que atendieron al menor antes de su muerte y protestaron ante el ministro de Gobierno (Interior), Jorge Pérez, cuando visitaba ese centro médico.

Según datos difundidos este mes por la Defensoría del Pueblo, cada año se registran en Bolivia 14.000 casos de violaciones a niñas, niños, adolescentes y mujeres, y el 34 % de las menores de edad sufren abusos sexuales antes de cumplir los 18 años.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, denunció recientemente que los abusos sexuales y el asesinato de niñas aumentaba "en cantidad y crueldad", y mencionó una decena de casos para los que pidió castigos y sanciones.

Hasta el momento, instituciones internacionales presentes en Bolivia como Naciones Unidas, Unicef, cooperaciones internacionales y otras entidades que trabajan en programas de infancia no se han pronunciado sobre este repunte de la violencia hacia niños y niñas. EFE