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La psicosis se apodera de los colombianos en medio ataques con ácido

La psicosis se apodera de los colombianos en medio de ola de ataques con ácido | AFP

La psicosis se apodera de los colombianos en medio de ola de ataques con ácido | AFP

Bien sea por una diferencia amorosa o un pleito entre vecinos, en menos de dos semanas cinco personas han sido atacadas con productos químicos corrosivos, que les han ocasionado graves quemaduras

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Una verdadera psicosis se ha apoderado de los colombianos por una serie de ataques con ácido que se han sucedido en las últimas semanas en el país, mientras crece el debate sobre las medidas judiciales necesarias para frenar esta forma de agresión cada vez más extendida.

Bien sea por una diferencia amorosa o un pleito entre vecinos, en menos de dos semanas cinco personas han sido atacadas con productos químicos corrosivos, que les han ocasionado graves quemaduras. El último caso, ocurrido el miércoles en Medellín (noroeste), causó la muerte a la víctima, un joven de 22 años que resultó muy afectado en el rostro.

El fenómeno, sin embargo, está lejos de ser nuevo. Desde 2004, casi un millar de agresiones con ácido se han registrado en Colombia, según cifras de Medicina Legal.

Pero una fiebre mediática se desató en el país tras el ataque a fines de marzo contra Natalia Ponce, una joven de 33 años proveniente de una familia acomodada de Bogotá.

"Lamentablamente se habló del tema una vez que esa violencia impactó a una familia que tiene buenos recursos y buenos contactos. Antes era un delito anónimo, que afectaba a la gente pobre", dijo a la AFP la parlamentaria Gloria Stella Díaz, que ha luchado desde hace años contra esta triste especialidad colombiana.

Miembro del movimiento cristiano MIRA, la legisladora estimó que esta forma de agresión es "señal de una sociedad enferma, en la que la gente se ha acostumbrado a la violencia", en medio del conflicto armado que azota a Colombia desde hace medio siglo y en el que han participado -con fuertes grados de crueldad- guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, bandas criminales y fuerzas militares.

Después de varios casos de agresión, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, tildó este tipo de crímenes de "realmente atroces y deplorables", a la vez que las autoridades ofrecieron recompensas equivalentes a unos 40.000 dólares por información que lleve a dar con algunos de los agresores.

Mientras, en las calles de la capital han aparecido vallas negras con la inscripción: "Todas somos Natalia".

- "Crimen de lesa humanidad" -

"Agredir alguien con ácido es peor aún que matarlo, secuestrarlo, torturarlo o violarlo. Las víctimas pierden su identidad", explicó a la AFP Abelardo de la Espriella, abogado de Natalia Ponce.

Según él, "es necesario crear un delito autónomo, con penas severas y sin posibilidad de rebaja" para afrontar el problema y evitar nuevos casos. "Si hay todo el peso de la ley, la situación cambiará", aseguró.

Esta semana, Díaz, apoyada por otras fuerzas políticas, introdujo un proyecto de ley dirigido a endurecer las penas contra los agresores: proponen de 12 a 45 años de prisión.

El antiguo presidente del Senado, Roy Barreras, médico de profesión, ha propuesto por su parte calificar penalmente este tipo de agresión como "crimen de lesa humanidad".

Las voces se han levantado también contra la impunidad, otro mal colombiano: de los 926 ataques con ácido oficialmente registrados en los últimos 10 años, sólo tres han resultado en condenas. La fiscalía se ha comprometido a revisar cada caso, pero a la vez ha destacado que la represión no es la panacea.

"Endurecer las penas no es suficiente para frenar los ataques con ácido", aseguró el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien estimó que estos casos "superan a la criminalidad estándar" y rozan "la barbaridad", en una entrevista esta semana al diario El Tiempo.

Otro camino consiste en reglamentar la comercialización de productos químicos, obligando a quienes los venden a formar parte de un registro nacional. "Es como para la venta de armas", dijo Díaz, quien considera que las autoridades no han defendido a las víctimas como se debe.

Según la parlamentaria, además "se tiene que obligar a los hospitales a hacer una denuncia (en estos casos), porque muchas víctimas no lo hacen por temor" a represalias.

El año pasado, ya se presentó una ley en la que se planteaba que las víctimas recibieran atención por parte del Estado, incluido el pago de las operaciones de cirugía estética que necesitaran para sus rostros carcomidos por el ácido. Sin embargo, ese decreto aún no ha sido firmado.