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La amenaza nacional a EE UU es el argumento para aplicar más sanciones

Estiman que el mensaje del presidente Obama también está dirigido a la comunidad internacional | Foto Raúl Romero / Archivo

Estiman que el mensaje del presidente Obama también está dirigido a la comunidad internacional | Foto Raúl Romero / Archivo

El decreto Obama alcanza a cualquier involucrado en violaciones de derechos humanos, a discreción de Washington 

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La calificación de las violaciones de los derechos humanos y la corrupción en Venezuela como una amenaza para los intereses de Estados Unidos no tiene precedentes en América Latina y, al parecer, va más allá de la simple retórica. Corresponde a un atípico uso del lenguaje que fundamenta la convicción del gobierno de Barack Obama de que Venezuela llegó a un punto de no retorno y es necesario aplicar sanciones severas. En ello coinciden Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, y Carlos Luna, director de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela.

En la orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos se precisa que los afectados pueden ser personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Se hace mención específica de dirigentes y ex dirigentes de entidades de cualquier tipo, “incluido el Banco Central de Venezuela”.

Los expertos aclaran que no es verdad, como asegura el gobierno, que se trata de medidas indiscriminadas contra el pueblo. De hecho, la orden ejecutiva emitida el 9 de marzo indica expresamente que se aplicarán contra los involucrados en: “1.- acciones o políticas que socaven los procesos o instituciones democráticas; 2.- actos significativos de violencia o conductas que constituyan un serio abuso o violación de los derechos humanos, incluidos (los ejecutados) contra las personas involucradas en protestas antigubernamentales en Venezuela; 3.- acciones que prohíban, restrinjan o penalicen el ejercicio de la libertad de expresión o asociación pacífica, o 4.- corrupción pública perpetrada por altos funcionarios dentro del gobierno de Venezuela”.

Tal como está redactado, el decreto es una medida de carácter político y no jurídico, pues basta el “juicio del secretario del Tesoro, en consulta con el secretario de Estado”. No se toma en cuenta el debido proceso, que es un derecho humano consagrado en los más importantes pactos internacionales.

Luna considera necesario analizar el asunto desde la perspectiva estadounidense: “Es un tema de geopolítica continental que ya trascendió las formalidades legales. Después de la Guerra Fría uno de los propósitos de Estados Unidos ha sido la universalización de los valores de la democracia representativa liberal: legitimidad de origen y de ejercicio de una democracia. Estados Unidos entiende que Venezuela puede convertirse en un Estado forajido que puede contagiar al resto de los países de América”.

El ucevista advierte que nadie podría estar de acuerdo con una invasión, pero recordó que, con menos formalidades, calificaciones o decretos, Estados Unidos invadió a Panamá durante el mandato de Manuel Antonio Noriega: “El gobierno de Panamá fue incrementando su autoritarismo a partir de la figura de un hombre fuerte que secuestró los poderes públicos y debilitó la democracia”. 

Shifter está convencido de que, en vez de un ataque militar, Estados Unidos está dando mensajes a lo interno y a lo externo: “Responde a las críticas de los estadounidenses que le reprochan ser blando con los atropellos cometidos durante la gestión de Maduro, pero también se envía un mensaje a la comunidad internacional en procura de apoyo para próximas medidas que, sin duda, se tomarán.  La amenaza nacional es un argumento a tales efectos, aunque yo personalmente lo considero exagerado. Por más problemática que sea Venezuela, y a pesar de estar en una crisis profunda, no significa una amenaza para Estados Unidos. La amenaza nacional es un término que, en la práctica, le permite avanzar en la política dura contra Venezuela”.

En todo caso, recomienda Shifter, no se debería subestimar este lenguaje, pues no fue usado ni en los peores momentos de las relaciones bilaterales.

Bravuconadas y cacería. Sobre el número de sancionados en esta oportunidad, Luna responde: “Por simple reciprocidad ante la prohibición de entrada a Venezuela del mismo número de estadounidenses dispuesta por el gobierno venezolano hace dos semanas”.

Ambos expertos temen una escalada, sobre todo por “las bravuconadas de Maduro”, por ejemplo al designar ministro de Relaciones Interiores a Gustavo González López, uno de los sancionados y, además, el que ordenó la salida a la calle de los agentes de la policía política el 12 de febrero de 2014.

Otra bravuconada sería la solicitud de una ley habilitante antiimperialista. El director de la Escuela de Estudios Políticos de la UCV advierte que la concesión de plenos poderes al presidente de la República en materia de seguridad y defensa es muy peligrosa. Recordó que hay suficientes precedentes para inferir que se va a legislar sobre la idea del derecho penal del enemigo, que significa sancionar por lo que eres y no por lo que haces. “Una ley habilitante antiimperialista, sobre la base del derecho penal del enemigo, profundizará la cacería de brujas contra la oposición. El más mínimo contacto con un estadounidense puede ser severamente penalizado como conspiración para derrocar el gobierno”, teme Luna.

El especialista considera que esta ley habilitante antiimperialista podría ser equivalente a un estado de excepción, con la correspondiente restricción de garantías constitucionales: “Pero sin una declaratoria expresa, por los costos políticos que ello implicaría. Declarar un estado de excepción convertiría a Venezuela un régimen autoritario clásico”.

El presidente del Diálogo Interamericano destaca el uso político que Maduro le podría dar a las medidas tomadas por Obama: “Las sanciones pueden alimentar el discurso del presidente Maduro en cuanto a que Estados Unidos pretende derrocarlo. Maduro no merece ese regalo, pero le sacará el mayor provecho”.


“Washington no promueve la inestabilidad”
La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jen Psaki, dijo que Estados Unidos “no promueve la inestabilidad en Venezuela” y que las nuevas sanciones contra siete funcionarios venezolanos proponen “persuadir” a Caracas para que “cambie de comportamiento” sobre las violaciones de los derechos humanos y la persecución de opositores.

Psaki calificó de “falsa” la versión según la cual Washington se propone “socavar” al gobierno nacional.

Entretanto, un funcionario estadounidense afirmó que su país no llamará a consulta al diplomático a cargo de su embajada en Venezuela, pese a que Caracas llamó a su principal funcionario en Washington.

Estados Unidos no ve motivos para responder recíprocamente al llamado a consulta de Venezuela de Maximilian Arveláiz, por lo que Lee McClenny permanecerá al frente de la embajada en Caracas.

La parlamentaria Ileana Ros-Lehtinen aplaudió la medida de Estados Unidos: “Finalmente la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros y el Departamento de Estado sancionaron a siete cómplices de Maduro violadores de derechos humanos en Venezuela”, escribió.

Bajo la lupa
*La UE aseguró que no contempla estudiar sanciones contra Venezuela
*España seguirá apoyando el diálogo entre los venezolanos
*El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, afirmó que el organismo analizará el “conflicto” entre ambos países
*El secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, cree que las sanciones contribuyen a “radicalizar los ánimos”
*Fidel Castro considera las medidas como “brutales planes” de Estados Unidos
*El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo sobre las medidas: “Nos recuerda las horas más oscuras de nuestra América”
*El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tildó de “agresivas” y “lesivas” las medidas de Washington
*El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió una reunión urgente de la Unasur y la Celac para defender a Venezuela

La bala
El embajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, Roy Chaderton, dijo que “una bala en la cabeza de un escuálido pasa rápido porque la bóveda craneana es hueca”.

Chaderton aseveró, para el programa Zurda Konducta de VTV, que “Estados Unidos es un país adicto a la guerra, y cuando no la hay la procura”.

Entretanto, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que instruyó a todas las misiones diplomáticas del país para que denuncien la “agresión imperialista del gobierno de Estados Unidos”. “Considerar a nuestra noble patria una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos solo pretende justificar el intervencionismo imperialista”, señaló  en Twitter. “La diplomacia bolivariana de paz se desplegará por todos los rincones del mundo a denunciar este intento de quebrantar la paz en nuestra patria”, concluyó.