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Cada cuatro minutos se registra un robo de celular en Guatemala

Hombre con teléfono inteligente / BBC

Hombre con teléfono inteligente / BBC

Las estadísticas no incluyen a las personas que han sido asesinadas o heridas durante los asaltos armados en que los propietarios han sido despojados de sus móviles

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Cada cuatro minutos se registra el robo de un teléfono móvil en Guatemala, la mayoría de veces en violentos asaltos en los que decenas de víctimas han llegado a ser asesinadas por los delincuentes, según un informe estadístico publicado hoy por la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Las cifras de la Base de Datos de Teléfonos Robados (BDTR) de la Superintendencia de Telecomunicaciones, publicadas este lunes por el local diario Prensa Libre, señalan que en 2012 fueron reportados un total de 142.745 móviles robados, un 40 % más de los registrados en 2011 cuando la cifra se ubicó en 101.664 aparatos.

Las estadísticas de la BDTR no incluyen a las personas que han sido asesinadas o heridas durante los asaltos armados en que los propietarios han sido despojados de sus móviles.

La Policía Nacional Civil (PNC) tampoco tiene datos precisos sobre estos hechos, pero, según cálculos extraoficiales de fuentes de esa institución, por lo menos diez de los cerca de 500 asesinatos que se registran cada mes en Guatemala están relacionados con robos de teléfonos celulares y computadoras.

En enero pasado, según las estadísticas oficiales, fueron reportados 11.389 móviles robados, pero la cifra puede ser superior debido a que muchas personas no denuncian los asaltos.

La semana pasada, cientos de agentes de la PNC apoyados por soldados de Ejército iniciaron operativos de registro y control en los bulevares donde se han reportado la mayor cantidad de asaltos perpetrados por delincuentes que se movilizan en motocicletas y que aprovechan la congestión vial para despojar a los automovilistas de sus artículos de valor.

Las autoridades señalan que el mercado de móviles robados se ha extendido hacia los países centroamericanos, debido a la debilidad de las legislaciones internas que permiten la activación de los aparatos sin exigir que se compruebe la procedencia de éstos.