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La mayoría de los países de la UE están a favor de crear una fiscalía europea

Bandera de la Unión Europea | EFE

Bandera de la Unión Europea | EFE

Los ministros de Justicia de los Veintiocho debatieron por primera vez la idea, que fue presentada por la vicepresidenta de la Comisión y titular comunitaria de Justicia, Viviane Reding

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La mayoría de los países de la UE se mostró favorable a la creación de una fiscalía europea para perseguir el fraude al presupuesto comunitario, que cuesta cada año en torno a 500 millones de euros a las arcas de los Veintiocho.

Los ministros de Justicia de los Veintiocho debatieron por primera vez la idea, que fue presentada por la vicepresidenta de la Comisión y titular comunitaria de Justicia, Viviane Reding.

La creación de la fiscalía se abordó en paralelo a la renovación de la Agencia Europea para la Cooperación Judicial en material penal (Eurojust).

La comisaria dijo en rueda de prensa al término del Consejo que le había "sorprendido" comprobar que, desde el primer día de discusiones, la creación de esa nueva autoridad cuente con un importante respaldo de los Estados miembros.

Entre los favorables a la propuesta figuran Francia, España, Italia o Austria, mientras que, de momento, sólo Dinamarca y Reino Unido se mantienen al margen de la iniciativa.

Otros países, como Polonia o Hungría, no se oponen a la idea, pero han dejado claro su desacuerdo con la iniciativa tal como está planteada en este momento.

Durante el debate, algunas de las delegaciones, como Francia, insistieron en la necesidad de garantizar la independencia de ese organismo y de evitar conflictos de intereses con otras instancias.

El embajador permanente de España ante la UE, Alfonso Dastis, explicó que el país apoya la idea de la Comisión Europea de buscar una "fiscalía operativa" en la que participe el mayor número posible de países.

España considera que "lo más realista" es crear una fiscalía de naturaleza colegiada y establecida a partir de Eurojust, explicó el embajador.

El objetivo del ministerio fiscal europeo, que entraría en vigor el 1 de enero de 2015, es crear una autoridad descentralizada con competencia exclusiva para iniciar investigaciones y perseguir las infracciones contra el presupuesto europeo.

Para ello, dispondrá de poderes de investigación uniformes en toda la Unión Europea, basados en los sistemas jurídicos nacionales de los Estados miembros.

El futuro ministerio fiscal, según propone Bruselas, lo formarían un fiscal europeo con 4 suplentes, y un grupo de fiscales delegados en los países miembros que serán los que investiguen sobre el terreno y tendrán derecho de iniciativa.

Los ministros de Justicia de los Estados miembros deberán todavía negociar muchos elementos de la nueva institución, como la manera de designar al fiscal europeo o las competencias concretas para investigar del equipo que formará el ministerio fiscal comunitario.

La fiscalía europea, propuesta en el tratado de Lisboa, era una de las promesas del presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso.

La normativa comunitaria establece que la aprobación de la fiscalía europea se debe decidir por unanimidad entre los Estados miembros, tras el visto bueno del Parlamento Europeo.

En ausencia de unanimidad, un grupo formado por al menos nueve Estados miembros podría decidir una cooperación reforzada en ese ámbito.

Según la Comisión Europea, entre los casos más habituales de fraude al presupuesto europeo figuran la aportación de datos falsos para conseguir fondos europeos, por ejemplo ayudas agrícolas, o los conflictos de intereses en procesos de contratación pública.

Solo el 42,3 % de los expedientes abiertos por fraude de dinero europeo termina con una condena de los responsables. En el caso de España, en 2011 ninguna de las 54 denuncias acabó en condena y solo el 9 % de los casos llegó a juicio.