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No extraditarán a venezolano preso en Brasil por dudar de la justicia venezolana

Supremo Tribunal Federal (STF)

Supremo Tribunal Federal (STF)

La justicia brasileña benefició al ejecutivo George Owen Kew Prince, que fue detenido el mes pasado en Brasil por petición de la justicia de Venezuela, en donde es acusado de evasión de divisas

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La corte suprema brasileña concedió este martes el beneficio de libertad condicional a un empresario venezolano que está preso en Brasil, por temer que no tenga derecho a un juicio imparcial en su país en caso de una probable extradición, informaron fuentes judiciales.

La decisión de la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF), máxima corte del país, benefició al ejecutivo George Owen Kew Prince, que fue detenido el mes pasado en Brasil por petición de la justicia de Venezuela, en donde es acusado de evasión de divisas, informó la corte en un comunicado.

“La necesidad e importancia de la cooperación penal internacional cede, y siempre debe ceder, a la necesidad de protección de los derechos más básicos de la persona humana, entre los cuales el derecho a ser juzgado, en el Estado solicitante (de la extradición), por un juez exento e imparcial, y bajo el escudo del debido proceso legal”, alegó el magistrado Edson Fachin, instructor del proceso, en la sentencia en que atendió una petición del preso.

Los miembros del tribunal aprobaron por unanimidad la decisión de Fachin de concederle la prisión domiciliar al venezolano mientras se examina la probable petición de extradición.

La decisión le permite al empresario abandonar las celdas en las que está preso desde el 5 de octubre y cumplir la detención en su residencia en Brasil, en donde será vigilado con la ayuda de una tobillera electrónica.

El venezolano le solicitó a la corte que revocara la orden de detención con fines de extradición por la que era mantenido en prisión con el argumento de que corre riesgo de que sus derechos sean violados en Venezuela y que no sea sometido a un proceso legal.

Pese a que la legislación brasileña establece que las personas solicitadas en extradición tienen que permanecer presas, “los magistrados consideraron que existen circunstancias excepcionales que autorizan la medida (prisión domiciliaria)”, dice el comunicado.

El relator del proceso “destacó que considera grave la decisión de Venezuela de renunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos en 2012, lo que, en su opinión, indica un retroceso en el trato de asuntos básicos de los derechos de los ciudadanos”.

Los abogados del venezolano alegaron de que no existen garantías de que el empresario será sometido a un juicio justo, “con respeto a las reglas del debido proceso legal”, en caso de ser extraditado.

Los defensores argumentaron que se trata de un caso excepcional debido a que su prisión en Venezuela “fue ordenada por una jueza provisional que posteriormente sufrió represalias por haber fallado en favor de otros investigados en la misma situación”.

También alegaron que la investigación contra su cliente fue conducida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), al que calificaron como “policía política” de Venezuela.

El magistrado instructor aceptó los argumentos de los defensores y advirtió que la justicia brasileña “ha reafirmado la prevalencia del respeto a los derechos humanos en procesos de extradición”.

Según Fachin, la corte tiene que rechazar una petición de extradición en caso de que considere que el Estado solicitante no tiene condiciones de realizar un juicio imparcial.

El magistrado agregó que el Gobierno venezolano aún no solicitó la extradición pero que tiene plazo de 90 días a partir del momento de la detención, registrada el 5 de octubre.

El juez “destacó que diversas entidades internacionales de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch, han censurado actitudes del Poder Judicial venezolano alegando que no existe independencia e imparcialidad suficientes para garantizar un juicio justo a los ciudadanos”, según el comunicado.

El magistrado, agrega la nota, también destacó que la prensa “ha informado sobre hechos que considera que son indicativos importantes de un giro autoritario en ese país, con persecución política de opositores, cooptación de la Fiscalía y del Poder Judicial para decidir a favor del Gobierno, y sanciones para los que se resisten”.

El empresario, localizado por la Policía brasileña en el estado de Sao Paulo tras recibir una alerta de la Interpol, fue acusado de evasión de divisas y asociación para delinquir en su país.

De acuerdo con las autoridades venezolanas, el empresario, propietario de una empresa de tecnología, realizó en 2013 una importación de equipos médicos y en el formulario declaró haber adquirido productos por 25 millones de dólares, pese a que los mismos supuestamente no valían más de un millón de dólares.

La justicia venezolana acusa al empresario de haber huido a Brasil pero sus abogados alegan que el ejecutivo reside en territorio brasileño con su mujer y sus dos hijos, y que trabaja como representante en el país de una multinacional inglesa.