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Un documento revela el poder de la monarquía británica para bloquear leyes

Alerta asimismo a los encargados de elaborar leyes de que la aprobación por parte de la familia real puede provocar retrasos en los plazos y recalca que si se producen nuevas modificaciones en la legislación debe consultarse de nuevo con los miembros de la monarquía

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Un documento interno del Gobierno del Reino Unido hecho público por orden judicial revela que la reina Isabel II y el príncipe Carlos conservan un amplio poder para bloquear leyes, informó hoy el diario "The Guardian".

Los llamados "Papeles del Gobierno", redactados por abogados de la oficina del primer ministro y dirigidos a los funcionarios encargados de elaborar nueva legislación, muestran cómo la reina y el heredero de la corona han condicionado decenas de leyes en las últimas décadas.

El documento detalla que la monarquía ha debido dar su aprobación a normas que abarcan la organización de la educación superior, la paga por paternidad, el cuidado infantil y el uso de documentos de identificación.

En el informe, lo letrados advierten incluso de que sin el consentimiento de la monarquía existe el riesgo de que "la mayor parte de una nueva ley se deba eliminar".

El documento alerta asimismo a los encargados de elaborar leyes de que la aprobación por parte de la familia real puede provocar retrasos en los plazos y recalca que si se producen nuevas modificaciones en la legislación debe consultarse de nuevo con los miembros de la monarquía.

Según el informe, es necesaria la aprobación de la realeza para todas aquellas normas que afecten a los ingresos por herencias, a las propiedades personales y los intereses de la Corona, el Ducado de Lancaster y el Ducado de Cornualles.

"Esto abrirá los ojos de aquellos que creen que la reina solo tiene un rol ceremonial", consideró el diputado liberaldemócrata Andrew George.

Los papeles del Gobierno "evidencian que la realeza juega un papel activo en el proceso democrático y que necesitamos una mayor transparencia parlamentaria para poder juzgar si estos poderes de influencia y veto son realmente apropiados", afirmó George.

Un portavoz del Palacio de Buckingham señaló que es "una convención largamente establecida que la reina sea consultada por el parlamento para otorgar su consentimiento a aquellas leyes que el parlamento considere que afectan a los intereses de la Corona".

"La soberana no ha rechazado dar su consentimiento a ninguna legislación que afecte a los intereses de la Corona cuando miembros del Gobierno no le han aconsejado que así lo hiciera", agregó el portavoz.

En el mismo sentido se expresó un representante del príncipe Carlos, que apuntó que "en tiempos modernos, el príncipe de Gales nunca ha rechazado dar su consentimiento a una ley que afecte a los intereses del Ducado de Cornualles (del que recibe ingresos), a no ser que así lo hayan aconsejado miembros del Gobierno".