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Narcotráfico es un punto álgido en los diálogos por la paz

Soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) | Cortesía Minci

Soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) | Cortesía Minci

La apuesta a las negociaciones como vía para acabar la guerra pasa por vencer el peor de los escollos: lograr un “país sin coca”

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Empezó el decimoséptimo ciclo de los diálogos de paz en La Habana para definir cuál será el papel de los actores frente a la lucha contra el narcotráfico en Colombia: que el Estado despenalice las drogas o que la estructura completa de las FARC abandone voluntariamente sus vínculos con esta actividad ilegal y revele las rutas que se usan actualmente para llevar la cocaína al exterior. La tercera posibilidad, que no es tal, implicaría seguir en guerra para acabar, a través de las armas, con los cultivos, los laboratorios, las redes y los nuevos capos.  

Ya cumplió un año los diálogos entre el secretariado de las Fuerzas Armadas Revolu-cionarias de Colombia y el gobierno, para acabar con un conflicto armado de 50 años. Han sido aprobados los dos primeros puntos: la materia agraria y la participación política de los guerrilleros. Ahora llegó el momento de tomar decisiones con respecto al manejo que le darán los participantes de la mesa a las drogas que se cultivan, procesan y trafican en Colombia, teniendo en cuenta que, supuestamente, es de ahí de donde sale 90% de las fuentes de financiamiento del grupo guerrillero.  

El máximo jefe de las FARC, Timoleón Jiménez alias Timochenko, publicó recientemente un comunicado en el que asegura que la vinculación de los guerrilleros con el narcotráfico  es un "instrumento de propaganda negra en manos de fuerzas armadas y militares y -señaló que- nuestra satisfacción de una Colombia sin coca será enorme”. También dijo que el abandono de los campesinos resultó ideal para el crecimiento de los cultivos prohibidos y prometió que en La Habana hablarán de sustitución de cultivos ilícitos, recuperación ambiental de las áreas afectadas y programas de prevención del consumo de droga, como un asunto de salud pública con lo cual podría contemplarse la legalización.

Esta semana otro vocero del grupo guerrillero, alias Iván Márquez, advirtió que el narcotráfico ha permeado todo el tejido social colombiano llegando hasta las esferas del Estado. "El fenómeno no es exclusivo de nuestro país. Hoy en día se reconoce que los dineros del narcotráfico y de otras actividades ilegales han contaminado todos los circuitos financieros de la economía mundial”.

Viviana Manrique, directora del Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas de la Uni-versidad del Rosario, dice que es común que las FARC traten de desvincularse del narcotráfico cuando están sentados en una mesa de negociación con el gobierno, porque saben que hacerse responsables de esa conducta delictiva sería asumir que no son actores políticos sino delincuentes. Y con ello, perderían toda legitimidad para exigir algo ante las autoridades y la comunidad internacional.

“Los guerrilleros son muy coherentes en su actuación. Esa estrategia ya la usaron cuando trataban de llegar a acuerdos con el gobierno de (Andrés) Pastrana (1998-2002), en el Caguán. En ese momento reconocieron que cobraban un impuesto por esas actividades ilícitas, pero ellos no van a decir que hace rato pasaron de eso a controlar la producción, la comercialización y el traslado de esas sustancias, sin sustraerse de ningún eslabón de la cadena”, asegura Manrique.

Pero el argumento más contundente con el que Manrique no es optimista frente al fin de la guerra, a través de los diálogos de paz, es que si se llega a un acuerdo en La Habana no habrá posibilidades de concretarlo en el terreno. Le parece ingenuo pensar que los mandos altos y medios del grupo, que no están sentados en La Habana, renunciarán a la vida cómoda que les provee el narcotráfico, aceptarán pagar condena por sus delitos, pedirán perdón a las víctimas y delatarán a sus socios, mientras las cabecillas más visibles del grupo “se meten en el Congreso”.

“Peor aún si el gobierno decide despenalizar drogas como la marihuana y la cocaína, el acuerdo será un saludo a la bandera. Para materializarlo hay que gozar de la disposición del poder legislativo, que no se tiene, y del apoyo de la comunidad internacional que le ha sacado el cuerpo a esa posibilidad desde hace mucho tiempo”, insiste la académica.


Del otro lado. El jefe negociador por parte del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, dijo antes de que se reanudara este ciclo que “no habría fin del conflicto verdadero sin atacar de fondo este fenómeno. Trabajaremos por un campo sin coca y porque los campesinos abandonen esos cultivos que han dejado en las regiones un rastro de violencia, pobreza y marginalidad". Reconoció así que la siembra y procesamiento de esta droga ha sido por años la única opción de supervivencia de estos campesinos que habitan zonas sin ningún tipo de servicios públicos.

Con la intención de tomar en cuenta la apreciación de organizaciones políticas, sociales (campesinas, indígenas) y académicas, durante los meses de septiembre y octubre se organizaron foros temáticos, nacionales y regionales en los que se trató el tema de las drogas ilícitas y su posible erradicación, como estrategia fundamental para poner fin al conflicto armado colombiano.

En esos foros se habló de la necesidad de que el gobierno, en paralelo con el acuerdo de paz con las FAR, implemente una política eficiente de sustitución de cultivos, a través de la cual se garantice una estructura eficiente para que los campesinos puedan sacar sus productos al mercado. Denuncian que los intentos que se han hecho hasta ahora, en ese sentido, han sido un fracaso. Incluso, proponen que sea el Estado el que compre la producción campesina y el que se encargue de llevarla hasta los centros de distribución, porque les parece imposible enfrentar por sí solos ocuparse de la comercialización, sobre todo en zonas de alta influencia guerrillera.