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Dos acusados por pagos a Venezuela

La justicia investiga la cancelación de una comisión ilegal de 43 millones de euros por la venta de 8 buques militares

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El Juzgado de Instrucción Octavo de Madrid imputó a dos ex directivos de los astilleros públicos Navantia por el pago de comisiones millonarias en la venta de ocho buques militares a Venezuela en 2005, informó el diario ABC de España.

La jueza Rosario Espinoza acusó a Juan Pedro Gómez Jaén, ex presidente de Navantia, y Jesús Arce, ex director comercial de los astilleros, del delito de malversación de fondos públicos por aprobar el pago de 43 millones de euros en comisiones.

El dinero (correspondiente a 3,5% del monto de la operación: 1,2 millardos de euros) fue cobrado por la empresa Rebazve Holding Ltd, registrada en Caracas y administrada por Juan Rafael Carvallo y Pedro Enrique Malavé.

Rebazve no desempeñó ningún papel en la venta de los buques. Fuentes relacionadas con el caso explicaron a ABC que la operación se cerró entre Estados y que la labor de la intermediaria fue el reparto de comisiones en España y Venezuela.

De los 43 millones de euros, 12 millones se quedaron en España. Ese es el monto que el juzgado intenta que Navantia recupere. “Echar mano a los 30 millones que no volvieron de Venezuela se presenta más que complicado”, reseñó el diario.

Rebazve entregó buena parte del dinero, mediante transferencias a paraísos fiscales como las Antillas Holandesas, a varios militares venezolanos retirados que ayudaron a que el Gobierno eligiera a los astilleros españoles.

Tráfico de influencias. Los 12 millones que volvieron a España fueron a los 2 primeros imputados: Javier Salas Collantes, presidente del Instituto Nacional de Industria entre 1990 y 1995, y Antonio Rodríguez Andía, expresidente de la naviera Transatlántica.

La jueza los acusa de tráfico de influencias y delito fiscal. ABC recordó que Salas Collantes fue gestor de empresas públicas en los gobiernos de Felipe González, entre ellas los astilleros que hoy son Navantia.

Ambos imputados, denunciados por la Fiscalía Anticorrupción hace tres años, han intentado que el caso se archive e incluso presentaron un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid para impedir que la investigación siguiera adelante.