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Libertad de expresión pierde terreno en América Latina

Miguel Henrique Otero | Juan Carlos Neira

Para Fundamedios de Ecuador es muy grave la Fiscalía tome medidas cautelares de congelar las cuentas de Miguel Henrique Otero antes del juicio | Juan Carlos Neira

En Argentina y Ecuador se implementan restricciones similares a las que existen en Venezuela

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La congelación de cuentas y la prohibición de gravar bienes contra el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, no sólo constituye un nuevo ataque contra la libertad de expresión en Venezuela sino que se suma a las crecientes restricciones a este derecho humano en América Latina.

En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2013, elaborada por Reporteros Sin Fronteras, hubo nueve países latinoamericanos que retrocedieron posiciones con respecto al año pasado: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua y Paraguay.

Venezuela mantuvo el mismo lugar, 117, lo que la ubica entre las naciones con peores resultados en la región. El país, además, obtuvo una puntuación de 34,44 –en una escala de 0 a 100, donde 0 representa la situación ideal– en el Índice Anual de Libertad de Prensa, un indicador creado este año por la ONG.

El informe 2013 de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en el mundo también alertó sobre violaciones y amenazas a la libertad de expresión en América Latina y citó los casos de Bolivia, Cuba, Ecuador, México, Puerto Rico y República Dominicana.

La región tampoco presenta una situación halagadora en el informe de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El documento molestó particularmente a los gobiernos de Ecuador y Venezuela, que lo criticaron en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Guatemala.

Toby Mendel, director ejecutivo del Centro para la Ley y la Democracia, ONG con sede en Canadá, advirtió a propósito del caso Otero que aunque la escasa información disponible dificulta decir con exactitud lo que está pasando, parece inusual ordenar la congelación de activos simplemente porque alguien presentó una demanda en su contra.

“Dado el terrible historial del Gobierno de Venezuela en materia de libertad de expresión, el hecho de que se congelen activos del editor de un periódico, sin que haya una orden judicial, plantea inmediatamente la preocupación de que esta es una manera nueva y creativa para acosar a los medios de la oposición”, subrayó Mendel.

“Es muy grave que la Fiscalía tome ese tipo de medidas cautelares antes del juicio. Es una señal muy severa y una advertencia para que los medios de comunicación dejen de investigar posibles casos de corrupción”, opinó César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, ONG de Ecuador.

Para Andrés D’ Alessandro, director ejecutivo del Foro de Periodismo Argentino (asociación que reúne a los profesionales de la comunicación de ese país), siempre es riesgoso para la libertad de expresión cuando desde la justicia se falla de una manera desmedida contra medios y periodistas.

“Cualquier persona tiene derecho de acudir a la justicia si considera que un medio ha cometido un delito, pero los fallos no deben incluir multas ni restricciones abusivas como las de este caso, que no sólo amenazan al funcionamiento del medio perjudicado sino que además generan una fuerte autocensura en el resto de los medios”, dijo.


Historia similar. Ricaurte comentó que el proceso de restricción de la libertad de prensa en Ecuador ha sido muy similar al de Venezuela, aunque considera que en ese país ha sido más acelerado. “En menos años se han logrado procesos de censura y autocensura muy fuertes”.

El vocero de Fundamedios señaló que la restricción inicia con el discurso estigmatizante del Gobierno, y especialmente del presidente Rafael Correa, contra la prensa: tanto las abundantes cadenas de radio y televisión como el gigantesco aparato de propaganda oficial son utilizados para atacar periodistas, medios y ONG.

Agregó que el discurso luego se transforma en acciones como la asignación discrecional de la publicidad oficial, el cierre de las fuentes de información, el incremento de las agresiones físicas contra periodistas y la realización de procesos judiciales contra directivos de medios.

La última fase del proceso de restricciones ha sido la Ley Orgánica de Comunicación, que básicamente crea un sistema de control estatal de los contenidos de los medios. No en balde la Sociedad Interamericana de Prensa la calificó como el más grave retroceso para la libertad de expresión en la historia reciente de América Latina.

D’ Alessandro señaló que las restricciones en Argentina se han manifestado de una manera un poco más sutil que en Ecuador y Venezuela, aunque no por eso resultan menos peligrosas y riesgosas para la libertad de expresión. “La situación en Argentina está muy lejos de ser la ideal”.

El integrante de Fopea identificó cuatro puntos claves: la restricción de la información pública, el manejo discrecional de la publicidad oficial, el cuestionamiento permanente a medios y periodistas críticos desde medios aliados y la falta de compromiso del Poder Ejecutivo cuando hay ataques y hechos violentos contra periodistas.

Sobre la ley de medios, demandada por el diario Clarín ante la justicia, D’ Alessandro resaltó que tiene una diferencia sustancial con las promulgadas en Ecuador y Venezuela: no está dirigida a regular los contenidos. “El problema ha estado en su aplicación porque se ha politizado mucho”.

Precisó que, tal como sucede con la publicidad oficial, la regulación se ha utilizado para beneficiar a los medios amigos del Gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner y perjudicar a los que son críticos. Agregó que si la ratificación de las licencias se hace bajo el mismo criterio puede haber un gran riesgo para la libertad de prensa.