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Víctimas exigen que las FARC pidan perdón

FOTO AFP / PRENSA LATINA

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En una participación inédita en la mesa de negociaciones, en Cuba, este colectivo exige el reconocimiento, la reparación y que no se repitan las violaciones

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Más de 6 millones de personas han sido víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en más de medio siglo de conflicto. Entre ellas Leonardo Perilla, que fue secuestrado cuando estaba a cargo de la seguridad de una planta repetidora que recibe y emite señales para radio y televisión.

“Éramos 42 soldados, 26 fueron asesinados y 16 quedamos secuestrados”, contó Perilla, que estuvo 79 días en poder de las FARC y se mostró cauteloso al ser consultado sobre su experiencia. Relató que durante su cautiverio estuvo en condiciones infrahumanas como permanecer amarrado a un árbol. “Yo puedo perdonar, mas no olvidar”, expresó. Aspira a que su país alcance la paz siempre y cuando las FARC reconozcan las torturas, muertes, ataques, violaciones sexuales y otros vejámenes que han cometido contra la población civil y militar de Colombia.

Para él, así como para las demás víctimas, cualquier negociación requiere que el grupo armado “pida perdón”.

Ahora viven la inédita oportunidad de participar en la mesa de negociaciones de paz instalada en La Habana en noviembre de 2012. Su punto de honor: que los perpetradores de los crímenes de guerra y de lesa humanidad admitan sus delitos y presenten disculpas sinceras.

Javier Ciurlizza, director para América Latina y el Caribe del International Crisis Group, señaló que aunque las víctimas coinciden en algunas expectativas, lo heterogéneo del colectivo de personas afectadas podría dificultar que lleguen a acuerdos comunes.

Oportunidad. El martes comenzó el ciclo número 27 de conversaciones en las que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC discuten el quinto punto de la agenda: las víctimas.

El sábado pasado la mesa contó con la participación de 12 de los 60 representantes que asistirán al diálogo para entregar testimonios y exigencias que deben ser tomados en cuenta para un eventual acuerdo.

Jorge Vásquez –desplazado por el conflicto y coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, mecanismo de participación creado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras–, expresó que las víctimas exigen el reconocimiento, la reparación y la no repetición de las violaciones.

Explicó que la complicación estará en cómo se van a resarcir los daños causados. “No puede haber un acuerdo pacífico hasta que se resuelvan los casos”.

Perilla agregó que las FARC no pueden hacerse pasar por víctima. “Sus militantes son victimarios. Yo no me puedo arrodillar ante ellos”. Al igual que Vásquez se preguntó: ¿Cómo nos van a reparar el daño irreversible que nos han causado?

En cuanto a las medidas legales, Vásquez dijo que deberán establecerse en los acuerdos sanciones en el marco de la ley, sin olvidar que algunas personas fueron víctimas también del Estado “porque en zonas donde operan los grupos rebeldes muchas veces no hay carreteras o electricidad, lo que complica todo mucho más”.

El artículo 3 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras dice: “Se consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.

El concepto de Vásquez es más amplio y engloba como víctima a todo el que haya sufrido el conflicto directamente o indirectamente a través de un familiar.

Diferencias. La pluralidad de criterios sobre quién es exactamente una víctima de las FARC incidió en que no fuese sencillo elegir quiénes serían las 60 voces que representan, en Cuba, a los más de 6 millones de afectados por la lucha armada en Colombia. Fue mediante el Foro Nacional de Víctimas –coordinado por La Universidad Nacional, el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y la Organización de Naciones Unidas en Colombia– que se escogió a los representantes entre las distintas agrupaciones de los agraviados. Perilla asistió al foro porque desea que se haga justicia y anhela que sus hijos y nietos no vivan en el clima de confrontación que ha dominado a su país durante más de 50 años de conflicto armado.



Sin preguntar por María José
Eleonora Delgado/San Cristóbal
eldelgado@el-nacional.com

Hace una semana familiares de María José Molina, secuestrada hace seis años por hombres que se identificaron como miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, señalaron que medios de comunicación colombianos difundieron una foto recuperada entre otros materiales en operaciones antiguerrillas, en la que se observa a una muchacha que físicamente coincide con los rasgos de la joven que hoy tiene 21 años de edad.

Viste prendas de miliciana utilizadas por las FARC. Su familia no ha sido contactada por los organismos de seguridad venezolanos que conocen el caso y que cuentan con unidades antisecuestros para precisar el estado de las investigaciones del plagio de María José o para indagar sobre su presunta condición de miliciana.

“Desde que apareció la información en varios medios no hemos recibido ninguna respuesta. No nos han llamado. No se han activado los cuerpos policiales. Para nosotros sigue estando secuestrada, porque ella fue secuestrada. Si está miliciada no lo sabemos. Lo único que tenemos de ella es esa foto”, dijo Carmen Zulay de Molina, madre de María José, secuestrada en junio de 2008 en la localidad tachirense de Cordero.   

En lista
E.D. 

Las acciones preventivas contra el delito han dado como resultado que en el estado Táchira no se hayan perpetrado secuestros durante buena parte de la gestión del gobernador José Gregorio Vielma Mora, afirmaron funcionarios y el mandatario de la entidad, lo que le habría merecido el reconocimiento del presidente Nicolás Maduro.

Pero desde hace 12 años hay una veintena de tachirenses secuestrados cuya suerte se desconoce.

La lista la encabeza Carlos Eduardo Rosales, joven universitario que en junio de 2012 fue privado de su libertad en la localidad de Colón, en el norte del Táchira. Los familiares de 27 personas plagiadas, entre las que se encuentran mujeres y hombres con problemas de salud, han recibido llamadas de los secuestradores haciendo exigencias a cambio de su liberación, fe de vida en algunos casos, y por último un largo silencio.

En junio de 2013, el general José Pinto Gutiérrez, que creó en Táchira el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional, aseguró que los casos de larga data serían reabiertos para precisar el estado de las víctimas.

Con respecto a las extorsiones, de acuerdo con informaciones conocidas a través de organismos de seguridad, buena parte de ellas estarían siendo llevadas a cabo por facinerosos que se hacen pasar por miembros de organizaciones guerrilleras y paramilitares, que va desde el cobro de un porcentaje de las ganancias obtenidas por una persona, según su actividad económica, hasta para evitar poner en riesgo la integridad de alguien. 

Puntos por discutir entre el gobierno y las FARC:
1. El reconocimiento de los afectados no solo en su condición de víctimas, sino también como ciudadanos.
2. El reconocimiento de responsabilidad.
3. Satisfacción de los derechos de las víctimas a través de acuerdos y medidas.
4. La participación de las víctimas en la discusión por diferentes medios y momentos.
5. Aclarar la verdad sobre el conflicto y explicar sus causas y efectos.
6. La reparación de las víctimas para restablecer sus derechos.
7. Las garantías de protección y seguridad a los afectados.
8. La garantía de no repetición para asegurar que no surjan nuevas generaciones de víctimas.
9. Principio de reconciliación mediante el cual se buscarán caminos hacia la convivencia.
10. Enfoque de derechos para que los convenios a los que se lleguen contribuyan a la protección y garantía del goce efectivo de los derechos de todos los ciudadanos