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Víctimas españolas de talidomida piden 204 millones euros de indemnización

En el juicio la farmacéutica alemana pidió una sentencia desestimatoria de la indemnización solicitada por las víctimas de este fármaco por prescripción y por falta de pruebas

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Las víctimas de la talidomida en España reclaman una indemnización de 204 millones de euros (unos 278 millones de dólares) en el juicio que comenzó hoy en Madrid contra la farmacéutica Grünenthal, fabricante del medicamento indicado para las náuseas de las embarazadas y que causó graves malformaciones en los fetos.

Sin embargo, en el juicio la farmacéutica alemana pidió una sentencia desestimatoria de la indemnización solicitada por las víctimas de este fármaco por prescripción y por falta de pruebas.

Unos 180 afectados, agrupados en la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) presentaron hace año y medio la demanda contra el laboratorio alemán al que solicitan una indemnización de 204.504.000 euros.

Aunque la primera víctima nació hace 57 años, la demanda se presentó en el año 2011, después de que el Gobierno español estableciera ayudas para 23 víctimas de este producto, que éstas rechazaron, lo que permitió demandar a la farmacéutica por "atentado farmacológico", dijo a Efe el presidente de Avite, José Riquelme.

Las víctimas de la talidomida "antes no existían y eran invisibles", señaló Riquelme.

El abogado de los afectados, Ignacio Martínez, expresó su confianza en que las víctimas españolas sean indemnizadas, aunque sea "tarde y mal", para poder afrontar las limitaciones que sufren en su vida diaria.

La talidomida era un sedante que comenzó a venderse a partir de 1957 y se administraba como complemento inocuo para las náuseas de las mujeres embarazadas, pero causó graves malformaciones en los fetos, principalmente focomelias, ausencia de extremidades y otras agenesias.

El fármaco fue retirado del mercado en 1961 en Alemania, donde se originó el problema, pero, según consta en la demanda de Avite, en España "siguió administrándose varios años más" a pesar de su prohibición mundial.

La farmacéutica ofreció 120.000 euros anuales para todos los afectados, pero éstos lo rechazaron.