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Venezuela sigue bajo escrutinio de Naciones Unidas

La ONU expresó temor por las agresiones a dirigentes políticos | Foto Archivo El Nacional

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Pertenecer al Consejo de Derechos Humanos implica ser un país modelo en cumplimiento de las obligaciones internacionales, recordó el jurista Carlos Ayala Corao

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Durante 2015 el Estado venezolano estuvo bajo la lupa de los sistemas de protección internacional en materia de derechos humanos. Después de la evaluación, el Estado fue reprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los comités técnicos de Naciones Unidas. El escrutinio internacional proseguirá en 2016, pues por segunda vez el país deberá rendir cuentas ante la comunidad internacional mediante el Examen Periódico Universal de la ONU.

“Venezuela tiene una situación precaria generalizada y sistemática de regresión en derechos humanos en todas las áreas: derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales”, dijo el sociólogo y directivo de la ONG Civilis, Jo D’Elia.

Inicialmente se creía que los problemas estaban concentrados en las libertades ciudadanas, pero que había avances significativos en lo social. Esa percepción se ha revertido con la gestión del presidente Nicolás Maduro. Ahora se ve con más claridad que lo que se afirmaba sobre el alcance de los programas sociales emprendidos por el presidente Hugo Chávez no dio los resultados que el gobierno se esforzaba en destacar, recalcó D’Elia.

El experto explicó que los exámenes realizados por la ONU este año permitieron verificar que las fallas en lo civil y político se equipararon con las deficiencias en lo social. La ONU alertó sobre graves problemas en Venezuela, como la escasez de bienes y servicios (sobre todo de alimentos y medicinas), el deterioro del sistema de salud y la vulnerabilidad de mujeres, niños, niñas y adolescentes y miembros de la comunidad Lgbti. Como un problema transversal, la Organización de las Naciones Unidas ha documentado la persistente violación del derecho al acceso a la información pública, que imposibilita la participación ciudadana en los asuntos públicos y, por ende, en la promoción y defensa de todos los derechos humanos.

El sociólogo afirmó que la evaluación exhaustiva de los derechos sociales que se realizó la primera semana de junio en Ginebra da cuenta de que el Estado no avanzó lo suficiente y, por el contrario, dejó de hacer lo que era necesario para enfrentar la crisis económica y social. “Los indicadores muestran que será más aguda en 2016”, agregó.

A pesar del lobby internacional que ha llevado a cabo el gobierno y que le permitió obtener los votos para incorporarse al Consejo de Seguridad y al Consejo de Derechos Humanos, la percepción sobre el país es de fragilidad. Para Carlos Ayala Corao, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pertenecer al Consejo de Derechos Humanos implica ser un país modelo en cumplimiento de las obligaciones internacionales.

“Cuando iba a ser elegida, Venezuela presentó un documento que describía un país cumplidor de los compromisos voluntariamente adquiridos. Hay más de seis visitas pedidas por distintos grupos de trabajo y relatores de Naciones Unidas que el Estado venezolano no ha permitido. Hay decisiones, como las del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura que no se han cumplido”, afirmó.

Las alarmas son cada vez mayores. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, señaló que el hecho de que tantos organismos internacionales de protección de derechos humanos (tanto de Naciones Unidas como de la OEA), así como ex presidentes y algunos gobernantes y funcionarios en ejercicio hayan fijado posición pública y duramente sobre la precaria situación que atraviesa Venezuela demuestra que existe un consenso cada vez mayor sobre la gravedad de los problemas que enfrenta el país.

“Resulta cada vez más difícil mirar para otro lado cuando la acumulación de abusos es tan evidente. El monitoreo incluye detenciones y procesos penales arbitrarios contra críticos de todo tipo, impunidad por gravísimas violaciones de derechos humanos contra manifestantes pacíficos, limitaciones a la libertad de expresión y hostigamiento contra defensores de derechos humanos”, precisó Vivanco.
 
La prueba en 2016. En octubre se llevará a cabo el llamado diálogo interactivo entre los representantes del gobierno de Venezuela y Estados parte de Naciones Unidas. Es el evento estelar del Examen Periódico Universal. “El Estado venezolano cree que el Plan Nacional de Derechos Humanos que creó en julio de 2015 será su carta de presentación. El Plan de Derechos Humanos que hicieron es un ‘no plan’ de derechos humanos. No fue consultado de manera amplia, lo que impide un diagnóstico sobre la situación general que vive el país, de modo que sus propuestas están fuera de la realidad”, dijo D’Elia.
Para el sociólogo, el Estado acudirá al EPU en una situación muy comprometedora y de mucha debilidad. Considera inútil que trate de mentir o de ocultar la realidad. “Se va a confirmar que el gobierno hace todo lo contrario a las recomendaciones que recibió y que es el principal responsable del sufrimiento, dificultades y carencias de la población”, concluyó.

Presos políticos en la agenda
El abogado Carlos Ayala Corao explicó que aunque en el panorama internacional destacan genocidios y crímenes de lesa humanidad que ameritan atención prioritaria, pero el elevado número de presos políticos en Venezuela merece la atención de los defensores de derechos humanos del mundo.

El experto se refirió a los casos de limitación a la libertad personal. “En el caso del alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias identificó un patrón de violación sistemática a la libertad individual de los que se oponen al régimen”, dijo.

Explicó que son este tipo de situaciones las que han llamado más la atención en Venezuela en este momento. Por la falta de independencia de poderes públicos no existen las estructuras institucionales para una protección efectiva dentro de la jurisdicción venezolana, agregó.

“Hay ausencias de contrapesos al poder. Los avances normativos, incluso en la Constitución de 1999, se ven anulados y objetados por decisiones de los distintos órganos del gobierno y del Poder Judicial, sobre todo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”, expresó. Resaltó que hay una percepción de falta de protección de los venezolanos por la no independencia de los poderes.