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Uruguay rechaza acusaciones sobre UPM

El gobierno uruguayo se negó a dar marcha atrás en su decisión de autorizar el incremento de producción de la papeplera

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El Gobierno uruguayo rechazó este miércoles las acusaciones de Argentina sobre su actuación en el caso de la papelera UPM y rechazó dar marcha atrás en su decisión de autorizar el incremento de producción de la polémica planta tal y como Buenos Aires había exigido bajo amenaza de acudir a la Corte de la Haya.

En una extensa y formal carta firmada por el canciller uruguayo, Luis Almagro, Uruguay respondió punto por punto a los dichos argentinos y los negó todos, tanto el haber roto unilateralmente el acuerdo que regula la gestión bilateral del río Uruguay, como la negativa a seguir negociando e incluso que la papelera finlandesa UPM contamine realmente las aguas fronterizas.

Según informó a la prensa el vicecanciller uruguayo Luis Porto, esta misiva implica que su país no dará marcha atrás en esta decisión, si bien espera que Argentina se abstenga de acudir al tribunal internacional.

"Uruguay ha actuado en todo momento conforme a sus obligaciones internacionales, particularmente las contraídas a través del Estatuto del río Uruguay, y ha procedido en forma respetuosa con la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de abril de 2010 en el caso de las Papeleras sobre el río Uruguay", apunta la misiva.

Ayer el Gobierno argentino volvió a amenazar a Uruguay con acudir a la corte de La Haya si el Ejecutivo del presidente José Mujica no daba marcha atrás "de inmediato" en su decisión de autorizar un aumento de la producción de la planta de celulosa de UPM (ex Botnia).

Argentina indicó que esta autorización "constituye una ruptura unilateral del mecanismo de información y consulta previas" establecido entre ambos países, y que además constataba el "incumplimiento por parte de UPM" de las medidas ambientales establecidas.

De no dar marcha atrás Uruguay en esta autorización, Argentina anunció que considerará que la nueva polémica bilateral no puede resolverse mediante el diálogo "y se verá obligada a poner en marcha el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia" de La Haya.

Por su parte, Uruguay señaló que cumplió en su totalidad todas las exigencias del estatuto del río Uruguay antes de autorizar una mayor producción, algo que hizo después de esperar una respuesta argentina por este tema por más de 390 días.

En ese sentido, el canciller denunció que desde el primer momento en que se planteó el incremento de producción, la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) se negó a aceptar su trámite, "prejuzgando sobre el proyecto y anticipando su oposición al mismo".

Para Uruguay, Argentina dilató el proceso pidiendo reiteradamente nuevos informes con la intención de lograr "un veto implícito", algo prohibido en los acuerdos que regulan el río fronterizo y la sentencia de la Corte de la Haya sobre el asunto de 2010.

Almagro insistió además que Uruguay no rompió el diálogo y que incluso se sigue pronunciado a favor de la continuación del mismo, con propuestas "ambiciosas y constructivas" en ese sentido, que aún no han sido respondidas por sus pares de Buenos Aires.

"También es necesario señalar de manera enfática que los resultados de los análisis del monitoreo conjunto, que son los mismos con los que cuentan ambos países, demuestran sin ambigüedades que la planta de UPM no contamina", afirmó el ministro.

Uruguay autorizó el pasado día 2 un incremento de producción de la papelera UPM bajo la condición de implementar nuevas medidas de protección medioambiental, lo que desató la ira del Gobierno argentino, que amenazó inmediatamente con recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

La instalación de UPM en 2005 fue motivo del peor conflicto bilateral en décadas por el bloqueo que los vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú mantuvieron durante varios años en el principal puente fronterizo que une ambos países sobre el río Uruguay.

Por este conflicto, Argentina recurrió en 2006 al tribunal de la Haya, que en 2010 determinó que la planta no contaminaba pero que Uruguay no había informado debidamente a Argentina sobre los detalles de la construcción.

El fallo ordenó, además, crear una comisión conjunta para vigilar y controlar la contaminación en el entorno de UPM.