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Turquía declara estado de emergencia durante tres meses

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía | Foto: EFE

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía | Foto: EFE

Hay 50.000 trabajadores destituidos y 10.937 detenidos por la intentona golpista de hace una semana

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El gobierno de Turquía decretó estado de emergencia durante tres meses para hacer frente a corrientes golpistas en el país y combatir "la amenaza a la democracia".

La decisión fue anunciada por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien afirmó que la decisión busca proteger los valores democráticos. "Esta medida no es en absoluto contra la democracia, el Estado de Derecho y la libertad. Por lo contrario, tiene el propósito de fortalecer y proteger esos valores", dijo el jefe del Estado después de reunirse con el Consejo Nacional de Seguridad y, horas después, con los ministros.

Erdogan afirmó que la medida, recomendada al gobierno por el Consejo de Seguridad que él preside, busca "acelerar encargarse de todos los elementos de la organización terrorista", en referencia al grupo que encabeza el clérigo islamista Fetullah Gülen, al que el Ejecutivo acusa del fallido golpe de Estado del fin de semana pasado.

El estado de emergencia permitirá dar "de forma más eficiente los pasos para eliminar lo antes posible la amenaza a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos de nuestros ciudadanos", indicó Erdogan.

"El 15 de julio de 2016 ha sido un punto de inflexión, cuando la nación puso fin a este dañino destino", afirmó el mandatario turco tras recordar los golpes de 1960 y 1980, 2 de las 5 asonadas que ha vivido el país en 56 años.

El presidente invocó el artículo 120 de la Constitución turca, que permite establecer el estado de emergencia en caso de actos de violencia que amenacen la democracia. Este artículo posibilita al gobierno emitir decretos con fuerza de ley, suspender libertades y derechos fundamentales, imponer obligaciones financieras y laborales a los ciudadanos y conferir poderes especiales a funcionarios.

Entretanto, la purga continúa. Hay  50.000 trabajadores destituidos y 10.937 detenidos. Policías, jueces y profesores de los sectores público y privado han sido apartados de sus puestos de trabajo. Todos los funcionarios tienen prohibido salir del país.