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Tribunal supremo colombiano ordena captura de aliado político de Álvaro Uribe

El ex gobernador Luis Alfredo Ramos es acusado de tener presuntos vínculos con paramilitares

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La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó capturar por presuntos vínculos con paramilitares de derecha al político conservador Luis Alfredo Ramos, estrecho aliado del ex presidente Álvaro Uribe y precandidato de su movimiento, informó este miércoles su agrupación política.

Ramos, ex gobernador del departamento de Antioquia (noreste) entre 2008 y 2011, es requerido por el máximo tribunal de la justicia colombiana dentro de una investigación que adelanta sobre presuntos nexos entre dirigentes políticos y antiguas milicias paramilitares de derecha. Ramos, de 65 años de edad, se ha constituido en una las principales figuras del Centro Democrático, agrupación con la que el ex presidente Uribe (2002-2010) busca llegar al Congreso en los comicios de marzo próximo y presentar un candidato a las presidenciales, previstas en dos vueltas para mayo y junio de 2014.

El Centro Democrático había seleccionado a principios de agosto a cinco precandidatos presidenciales, entre los que figura Ramos.

Uribe expresó este miércoles su confianza en la inocencia de Ramos. "Tengo la convicción que Luis Alfredo Ramos no ha tenido alianza con criminales", escribió el ex mandatario en su cuenta Twitter.

Por su parte, Juan Carlos Vélez, otro de los precandidatos, dijo a periodistas que lamenta "mucho que eso haya sucedido. Esperamos que él pueda demostrar su inocencia, confío en que lo va a hacer". Francisco Santos, ex vicepresidente del gobierno de Uribe y también en liza por la candidatura presidencial del Centro Democrático, declaró su respeto por la decisión de la Corte y se declaró "seguro de que demostrará su inocencia", en un mensaje en Twitter.

Las investigaciones de la Corte Suprema a políticos, especialmente congresistas, relacionados con líderes de grupos paramilitares han permitido la condena de 61 de ellos en los últimos seis años. Las milicias paramilitares, que en su lucha contra las guerrillas de izquierda cometieron miles de crímenes atroces contra la población civil, se desmovilizaron entre 2003 y 2006, en un proceso promovido por Uribe que les concedió beneficios procesales a cambio de verdad y reparación a sus víctimas.