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Teléfono público que utilizaba Fujimori fue anulado a pedido de autoridades

Alberto Fujimori, ex presidente de Perú/ Foto: Reuters

Alberto Fujimori, ex presidente de Perú/ Foto: Reuters

Personal de la empresa Telefónica, que provee el servicio, estuvo hoy en la prisión para atender el pedido del INPE de anular la línea

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La línea del teléfono público que utilizó el expresidente peruano Alberto Fujimori, desde prisión, para dar una entrevista no autorizada el pasado jueves fue anulada, según informaron hoy fuentes penitenciarias a un medio local.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anuló la línea telefónica que estaba en la enfermería del penal en el que Fujimori cumple una condena a 25 años de cárcel, informó el Canal N.

Personal de la empresa Telefónica, que provee el servicio, estuvo hoy en la prisión para atender el pedido del INPE de anular la línea, según ese medio.

La congresista fujimorista Martha Chávez declaró que esa medida "viola sus derechos humanos", porque "lo incomunicarán, lo que no corresponde a su régimen" de reclusión.

Chávez agregó que el exmandatario fue quien llamó a Radio Programas del Perú (RPP) el jueves pasado para ofrecer una entrevista en vivo.

Esa entrevista fue la primera que dio en directo desde que fue extraditado desde Chile en 2007, aunque en las últimas semanas también emitió pronunciamientos telefónicos y envió unas declaraciones por escrito al diario Correo.

El director del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, ratificó que Fujimori será sancionado, aunque dijo que el castigo será determinado en un plazo máximo de 15 días por las autoridades de la prisión.

Como medida preliminar, las autoridades del penal decidieron pedir que el teléfono público de la cárcel sea cambiado de lugar y el corte temporal de la línea, indicó.

En la entrevista con RPP Fujimori afirmó que se siente "totalmente inocente y con la conciencia tranquila" con respecto a la sentencia de 25 años de cárcel que recibió por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado de 25 personas por los casos Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).

Asimismo, por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el "autogolpe" de Estado que dio en abril de 1992.