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EE UU escuchará solicitud de Venezuela en caso de nacionalizacón de taladros

Hoy se viven las repecusiones de la nacionalización de 11 torres petroleras en 2010 / AFP

Hoy se viven las repecusiones de la nacionalización de 11 torres petroleras en 2010 / AFP

La empresa Helmerich & Payne cesó operaciones por las deudas acumuladas por el gobierno

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El Tribunal Supremo de EE UU admitió hoy escuchar la solicitud de Venezuela para tratar de bloquear la resolución de una corte inferior, la cual dice que el país caribeño nacionalizó de forma ilegal 11 torres de perforación petrolera de una empresa estadounidense en 2010.

La máxima instancia judicial de EE UU emitirá así su opinión sobre una sentencia de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia que en 2015 dio la razón a la compañía Helmerich & Payne International Drilling Company, permitiéndole seguir adelante en su pleito contra el Estado venezolano.

Tanto las audiencias como la resolución que posteriormente emita el Supremo deberán esperar al próximo ciclo judicial, que empezará este octubre y terminará en junio del año que viene.

La empresa estadounidense llevaba tiempo operando en territorio venezolano y teniendo como cliente al gobierno, pero en 2009 cesó sus operaciones y desmontó los taladros después de que el gobierno acumulara con ella una deuda de 100 millones de dólares.

En respuesta a esa acción, el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenó en junio de 2010 la nacionalización de once torres de perforación petrolera de Helmerich & Payne, tras denunciar que la empresa mantenía "ociosos" esos taladros de perforación desde hacía "un considerable tiempo".

El gobierno bolivariano justificó entonces que las torres de perforación habían estado paralizadas y almacenadas en unos galpones desde hacía más de un año, que la nacionalización cumplía todos los extremos legales y buscaba garantizar la operatividad de la industria petrolera y que sus beneficios llegasen "al pueblo".

Helmerich & Payne demandó tanto al gobierno venezolano como a la compañía estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), amparándose en la Ley de Inmunidad de Soberanías Extranjeras y alegando que la nacionalización se produjo en contra de la legalidad internacional.