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Supremo de EE UU analizó caso de discapacitado psíquico condenado a muerte

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Washington / AFP

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Washington / AFP

La condición del hombre fue reconocida por la justicia federal, pero no por la de su estado de origen, lo cual pone en cuestión las condiciones para exceptuar la aplicación de la pena capital

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos abordó el lunes el caso de un condenado a muerte cuya discapacidad psíquica fue reconocida por la justicia federal, pero no por la de su estado de origen, lo cual pone en cuestión las condiciones para exceptuar la aplicación de la pena capital.

Los nueve jueces del más alto tribunal del país escucharon el lunes los argumentos sobre el caso durante una hora y emitirán un fallo antes del verano.

El Supremo falló en otros dos casos que una persona con discapacidad psíquica no puede ser ejecutada, pero cedió a los estados federados la responsabilidad de determinar esa discapacidad.

La ley establece que un tribunal federal puede detener una ejecución con la única condición de que el tribunal de un estado haya sido "poco razonable" al examinar los hechos. Este es el argumento de la defensa de Kevan Brumfield, condenado a la máxima pena en Luisiana (sur) por el homicidio de una policía en 1993 durante un robo.

El abogado del condenado, Michael DeSanctis, alegó que su cliente había presentado "pruebas abrumadoras" de su discapacidad psíquica, constatada desde su nacimiento. Para la abogada del estado de Luisiana Premila Burns, el "tema del retraso mental no fue planteado" en el juicio.

Aunque la discapacidad psíquica de Brumfield era evidente durante el juicio en 2002, la ley de la época no prohibía la pena capital para este tipo de personas.

Después de que el Tribunal Supremo reglamentara el tema en 2002, la defensa argumentó que Brumfield debía ser eximido de la pena de muerte por su condición.

La defensa demandó entonces una audiencia y que se financiara una prueba para demostrar la condición intelectual del acusado, lo cual fue rechazado por el tribunal de Luisiana.

Sin embargo, un tribunal federal concedió la audiencia y más tarde sobre la base de nuevas pruebas, concluyó que el condenado era "un discapacitado intelectual y por ello no era apto para la ejecución".

El estado de Luisiana apeló ante el tribunal federal, que anuló el juicio "por deferencia" de la justicia de ese estado.

La decisión del Supremo deberá definir si el tribunal de Luisiana fue "poco razonable" al tener solo en consideración el proceso y si violó los derechos constitucionales del condenado al negarle la posibilidad de justificar su discapacidad psíquica.