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Silencio oficial en Argentina sobre nueva polémica con Uruguay por papelera

Cristina Fernández, con los resultados del domingo, prácticamente tiene negada la posibilidad de volverse a lanzar a la candidatura presidencial | Foto AP

Cristina Fernández | Foto AP

El presidente uruguayo, José Mujica, está de acuerdo en que la papelera pase de producir un millón de toneladas de celulosa al año a 1,2 millones, pero Argentina se opone

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El Gobierno de Argentina mantenía hoy silencio sobre la nueva polémica surgida con Uruguay por la planta de producción de celulosa finlandesa UPM (exBotnia), mientras ecologistas argentinos amenazaron con nuevos cortes de carreteras.

Portavoces de la Cancillería argentina consultados por Efe no quisieron comentar el resultado del largo encuentro celebrado este martes en Buenos Aires por los cancilleres de Argentina, Héctor Timerman, y Uruguay, Luis Almagro, para tratar del permiso para aumentar la producción de su planta uruguaya solicitado por UPM.

Según medios locales, la reunión finalizó sin acuerdo sobre los volúmenes de producción y el impacto al medio ambiente del río Uruguay, frontera natural entre ambos países, a orillas del cual está situada la planta.

El presidente uruguayo, José Mujica, está de acuerdo en que la papelera pase de producir un millón de toneladas de celulosa al año a 1,2 millones, pero Argentina se opone por ahora al alza y amenaza con recurrir de nuevo a la Corte Internacional de La Haya.

La Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú debatirá hoy las medidas de protesta que adoptará, confirmó a Efe Juan Veronesi, integrante de esta ONG ecologista.

"Nos están impulsando hacia el corte (de carretera), sentenció Veronesi, quien agregó que este viernes se cumplen "diez años de lucha contra Botnia" por "su inaceptable contaminación".

La planta de celulosa de UPM, instalada en la localidad uruguaya de Fray Bentos, frente a las costas de la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia argentina de Entre Ríos, fue motivo de un importante conflicto bilateral por el bloqueo del puente que une ambos países.

El caso llegó a la Corte de La Haya, que consideró que Uruguay debió haber consultado a Argentina antes de autorizar la planta en Fray Bentos pero no vio peligro para el medio ambiente en esa instalación.