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Senadora EE UU asegura que registros telefónicos es una práctica continua

Otros legisladores argumentan que la práctica es legal debido a la ley antiterrorista de 2001 (Patriot Act), aunque las asociaciones pro-defensa de los derechos civiles han acusado al gobierno de llevar a cabo espionaje contra los ciudadanos

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La presidenta del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, Dianne Feinstein, aseguró hoy que la orden judicial secreta para ejecutar registros telefónicos a millones de clientes de la compañía Verizon se trata de una renovación de tres meses de una práctica continua.

La senadora demócrata por California compareció en una rueda de prensa en el Capitolio estadounidense después de que la Administración Obama defendiese la necesidad de ejecutar esas prácticas para velar por la seguridad nacional.

Otros legisladores han asegurado que la práctica es legal bajo la ley antiterrorista de 2001 conocida como Patriot Act, aunque las asociaciones pro-defensa de los derechos civiles han acusado al gobierno de llevar a cabo espionaje contra los ciudadanos.

En declaraciones enviadas a la cadena CNN, un alto funcionario del Gobierno de Barack Obama reaccionó a la información publicada por el diario "The Guardian", según la cual la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) recoge a diario registros de millones de clientes de la operadora de telefonía Verizon, en virtud de una orden judicial que se concedió de manera secreta.

El funcionario, que pidió el anonimato, evitó confirmar expresamente que exista esa orden judicial, pero señaló que "información como la que describe el artículo de The Guardian ha sido una herramienta crítica a la hora de proteger a la nación de amenazas terroristas contra Estados Unidos".

Esa práctica "permite al personal especializado en antiterrorismo descubrir si terroristas conocidos o sospechosos han estado en contacto con otras personas que pueden estar implicadas en actividades terroristas, particularmente aquellas localizadas dentro de Estados Unidos", agregó el funcionario.

Según "The Guardian", la orden facilita al Gobierno una autoridad ilimitada para obtener datos durante un periodo específico de tres meses, que finaliza el 19 de julio.

En virtud de esta orden judicial, debían de ser entregados los números de teléfono de los dos comunicantes, el lugar de la llamada, así como su duración, aunque no el contenido de la conversación.