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En El Salvador proponen ley para controlar reos mediante pulseras electrónicas

De ser aprobada por la Asamblea Legislativa, la ley ayudaría a disminuir el hacinamiento en los presidios

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El Gobierno de El Salvador presentó hoy al Parlamento un proyecto de ley para controlar mediante brazaletes electrónicos a unos 4.000 reclusos que podrían pasar a arresto domiciliario o ser liberados bajo otras condiciones.

De ser aprobada por la Asamblea Legislativa, la ley ayudaría a disminuir el hacinamiento en los presidios, declaró a periodistas el ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Perdomo, tras entregar el proyecto al presidente del Parlamento, Sigfrido Reyes.

La ley "permitirá que aproximadamente 4.000 privados de libertad que están en condiciones de confianza y de baja peligrosidad puedan tener una situación domiciliar (...), en condiciones de total vigilancia, para aliviar el hacinamiento" en las cárceles, explicó.

Los 21 presidios del país tienen capacidad para unos 8.000 internos pero albergan más de 30.000, lo que representa un hacinamiento superior al 320%, según datos oficiales.

Entre los reclusos que podrían ser beneficiados por el sistema de vigilancia mediante pulsera electrónica están aquellos que hayan mostrado buena conducta, sufran enfermedades terminales, que ya estén ancianos o sean mujeres embarazadas.

Perdomo aclaró que "quedan totalmente excluidos del beneficio del uso de brazaletes las personas que hayan cometido delitos graves", como asesinato, secuestro, violación, extorsión o narcotráfico, entre otros.

El ministro también explicó que, si se aprueba la ley, el uso de brazaletes se aplicará gradualmente porque cada caso dependerá de la decisión del juez correspondiente.

El portal gubernamental Transparencia Activa explicó en un comunicado que "la pulsera es un dispositivo móvil, parecido a un reloj, que se acopla a la muñeca o tobillo de la persona, cuyos desplazamientos son seguidos por un satélite que transmite señales al centro de control".

"Si se incumple un arresto domiciliario o si la persona circula en un área restringida establecida, el dispositivo emitirá una alerta a la Policía", añadió.

Según Perdomo, el coste del sistema será de unos nueve millones de dólares, financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Interamericano de Desarrollo.