• Caracas (Venezuela)

Mundo

Al instante

SIP alerta que el gobierno de Ecuador busca extender su sistema censura a Latinoamérica

Presidente Rafael Correa cuestionó trabajo de los medios | Foto: Cortesía Prensa Miraflores

Presidente Rafael Correa cuestionó trabajo de los medios | Foto: Cortesía Prensa Miraflores

La iniciativa ecuatoriana incluye la figura de la información como servicio público, atribuyéndose el Estado la decisión de censurar contenidos, multar, cerrar medios y condenar a periodistas

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el intento del gobierno del presidente Rafael Correa, de Ecuador, quien intenta expandir su política de restricciones a la libertad de prensa y de expresión a todos los países de Latinoamérica.


El movimiento del gobierno ecuatoriano, al que calificaron  de "uno de los más represivos contra la libertad de prensa en el mundo",  fue presentar un proyecto "marco" de ley de comunicación ante el Parlamento Latinoamericano y del Caribe, que se celebra hasta el sábado en Panamá.

El proyecto, a imagen y semejanza de la Ley de Comunicación de Ecuador, fue expuesto ante la Comisión de Asuntos Políticos y Municipales por el diputado ecuatoriano Octavio Villacreses, del partido gobernante Alianza País (AP).


La iniciativa ecuatoriana incluye la figura de la información como servicio público, atribuyéndose el Estado la decisión de censurar contenidos, multar, cerrar medios y condenar a periodistas.


El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, expresó su esperanza de que “el Parlatino no apruebe este proyecto. Si lo hace, estaría arrogándose la facultad de dar la espalda a los latinoamericanos, condenándolos al ostracismo y permitiendo a los Estados transformarse en un 'gran hermano' para decidir qué pueden expresar u opinar los ciudadanos”.


“Sería un contrasentido que hubiera una 'ley mordaza' como la ecuatoriana a nivel general -dijo Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay- ya que los legisladores latinoamericanos desvirtuarían su misión y convertirían en letra muerta la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y todos los principios sobre libertad de expresión que costó décadas consolidar en nuestra región”.


"Está clara cuál es la estrategia de Correa: viéndose condenado por todas las organizaciones libres promotoras de la libertad de expresión de todo el mundo, así como por los gobiernos democráticos de América Latina y otras regiones, busca 'legitimar' su propia acción liberticida que tiene a los ecuatorianos bajo la férula de su poder omnímodo, mediante una acción respaldada por los demás gobiernos latinoamericanos", señaló Paolillo.


Agregó que "como no pudo con sus anteriores intentos por destrozar la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y debilitar a esta misma Comisión de la OEA, ahora intenta por otros mecanismos. Su voluntad censora permanece intacta y parece que nada lo frena".


En la Comisión, cuyas discusiones están abiertas para el debate público, se analizará si la propuesta de ley marco de comunicación social se lleva al pleno de la asamblea general del Parlatino para su aprobación, para luego remitírselo a los países miembros, quienes son soberanos para su adopción.


De acuerdo al diario La Estrella de Panamá que tuvo acceso a la iniciativa ecuatoriana, el documento establece que “la comunicación social constituye un servicio público” y que es “competencia exclusiva de cada Estado fiscalizar, supervisar y evaluar el ejercicio de este derecho”, refiriéndose a la libertad de expresión.

También incorpora las vagas nociones de que las informaciones deben ser "veraces", "oportunas" y "transparente", colocando al Estado y a sus administradores como "jueces" para afirmar qué es "veraz" y qué no, qué es "oportuno" y qué no, y qué es "transparente" y qué no.