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Ruanda, las consecuencias del discurso del odio

Fuerzas de seguridad, grupos paramilitares y gente común participaron en el exterminio

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“Los tutsis no merecen vivir. Hay que matarlos. Incluso a las mujeres preñadas hay que cortarlas en pedazos y abrirles el vientre para arrancarles el bebé”. Este es tan solo uno de los mensajes que se transmitieron en abril de 1994 a través de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (RTML), en Ruanda, que incitaron al genocidio. "Las tumbas están sólo a medio llenar", repetían desde la emisora.

Al cumplirse 20 años de esa ola de violencia que causó la muerte de 800.000 personas, según cifras de Naciones Unidas, resurge el tema de las responsabilidades de las autoridades extremistas hutus. Los mensajes que alimentaban el odio eran acompañados de comunicados oficiales que justificaban la limpieza étnica.

La RTML fue creada por Ferdinand Nahimana, un intelectual fanático amigo de la esposa del entonces presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana (hutu), cuyo asesinato fue el detonante de la masacre propiciada, inicialmente, por los extremistas hutus contra los ciudadanos tutsis.
La población manipulada por años y fuertemente empobrecida se hizo eco de estos llamados. Sobre todo por el achicamiento del Estado como consecuencia de la aplicación de los planes de ajuste estructural y la merma de los ingresos de la agricultura (eran dependientes del café y el cacao) a partir de los años ochenta. “Mucha gente nos dijo que mataban porque la radio se lo pedía”, dijo la policía durante las investigaciones del exterminio.
La llamada “emisora del odio” llegaba a todos los rincones de Ruanda. La incitación al delito venía acompañada de datos, nombres y señas de los tutsis y hutus moderados a quienes los extremistas hutus llamaban a eliminar.

La identificación se facilitaba porque por años los distintos actores políticos y económicos en Ruanda se habían asegurado de dejar registros que distinguieran a los hutus de los tutsis, cuando en realidad eran parte de una misma familia lingüística con patrones de vida común. “A los tutsis los llamábamos escarabajos o serpientes, y eran nuestros enemigos. No decíamos ir a matar, sino a trabajar. Ir al trabajo era el sinónimo que usábamos, a menudo, para animar a la gente a asesinar”, confesó la locutora Valérie Bemeriki ante la justicia.

La emisora tuvo un complemento en el diario oficialista Kamarampak, que publicó mensajes e informaciones contra los tutsis, específicamente contra el Frente Patriótico Ruandés, liderado por el actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, también acusado de genocida por su arremetida contra los hutus, principalmente, los que se asentaron en Zaire (luego República Democrática del Congo) como parte de la escalada del genocidio en la zona de los Grandes Lagos.

Los mensajes, de la radio y del diario oficialista, estaban dirigidos a la población en general y, sobre todo, la campesina. Todo hutu estaba llamado a hacer una labor de patria en el exterminio de los tutsis. Los interhamwe (grupo paramilitar), los militares y vecinos estaban destinados a “trabajar” contra el enemigo común.

Una década después, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda condenó a cadena perpetua al editor del diario Kamarampak, Bernard Hategekimanam, por genocidio e incitación pública a cometerlo. La sentencia dejó constancia de que “no se respetó la responsabilidad que conlleva la libertad de expresión y envenenaron las mentes de sus oyentes”, dice el escrito.

Justicia en entredicho. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, instalado en Tanzania, fue establecido para enjuiciar a los máximos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho humanitario cometidas en Ruanda entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 1994. “Hubo una pugna con las nuevas autoridades en Ruanda que decían que por haberse registrado el genocidio allí, dependía de la justicia local impartir justicia con la aplicación de la pena de muerte, y la comunidad internacional abogó porque fuese en un país vecino sin pena capital”, explicó el africanista Mbuyi Kabunda, que calificó de lamentable la actuación de la corte que a la fecha solo ha juzgado a ocho personas.

Se han realizado otros juicios puntuales en otras cortes como el del excapitán hutu Pascal Simbikangwa, sentenciado en Francia a 25 años de cárcel.
Inacción internacional. La ONU se vio sobrepasada por los hechos en Ruanda. La respuesta del organismo fue lenta pues se generó un debate sobre cuándo el sistema internacional debía considerar que se estaba frente a un genocidio y si lo que sucedía en Ruanda respondía a esa tipificación. “El Consejo de Seguridad no estaba dispuesto a describir lo que estaba ocurriendo como un genocidio hasta que transcurrieron semanas. No hubo una voluntad colectiva de la comunidad internacional para poner fin a esta terrible situación”, escribió el periodista británico Adam LeBor en su libro Complicidad con el mal: Naciones Unidas en la era del genocidio moderno. La atención de Occidente estaba centrada en la crisis de los Balcanes.

El entonces secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, dijo: “No es solo un fracaso de las Naciones Unidas, sino también de la comunidad internacional. Se ha cometido un genocidio. Más de 200.000 personas han sido asesinadas y la comunidad internacional aún sigue discutiendo qué hacer”. Posteriormente, Boutros-Ghali acusó a otros actores internacionales como Estados Unidos y Francia, debido a los intereses en la región y su actuación en el organismo.

En los hechos, la misión de Naciones Unidas (Unamir) se retiró luego de que 10 cascos azules fueron asesinados en la residencia presidencial mientras custodiaban a la primera ministra hutu, Agathe Uwilingiyimana, acusada por los extremistas de complicidad. Boutros-Ghali pidió en la ONU que se restaurara la misión, pero la propuesta no tuvo éxito.

Se ha criticado, además, que el Departamento de Operaciones de Paz de la ONU, dirigido entonces por Kofi Annan, negó al comandante de las tropas de Ruanda, Romeo Dallaire, el permiso para confiscar armas de las milicias hutu antes de que ocurriera el genocidio.

Lo sucedido en Ruanda supuso un cambio en los mecanismos de la organización, ya que antes de 1994 el secretario general sólo permitía que los asuntos del Consejo de Seguridad fuesen presentados por su asesor personal, Chinmaya Gharekhan, lo que supuso más demoras. Después de Ruanda, especialmente durante la secretaría general de Kofi Annan, el Departamento de Operaciones de Paz informa constantemente, de manera directa y sin dilaciones, sobre el progreso de las misiones.