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Puerto Rico dividido ante posible condena de muerte

La ley federal estadounidense de 1994 permite a la Justicia de Puerto Rico imponer condenas a muerte, pero no ejecutarlas en su territorio, tal y como establece su Constitución de 1952

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La posible condena a muerte de Alexis Candelario Santana, responsable del asesinato en 2009 de ocho personas en el bar "La Tómbola", divide a la sociedad de Puerto Rico, territorio cuya Constitución prohíbe la pena capital.

El jurado, que desde hoy decide entre la cadena perpetua o la pena capital para Santana, delibera en el Tribunal Federal de San Juan sobre una esperada decisión en todo Puerto Rico, un Estado Libre Asociado de EE UU donde la convivencia de la Justicia local y federal permite una condena a muerte que solo podrá cumplirse en el Estados Unidos continental.

La ley federal estadounidense de 1994 permite a la Justicia de Puerto Rico imponer condenas a muerte, pero no ejecutarlas en su territorio, tal y como establece su Constitución de 1952.

En ese sentido, la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó este viernes por mayoría una resolución que condena la pena de muerte y apoya la disposición constitucional que prohíbe su práctica en la isla.

La resolución de la Cámara baja sigue a otra del Senado del jueves pasado en la que se expresó "el más profundo rechazo a la aplicación de la pena de muerte por el Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico".

La jornada comenzó con la intervención del fiscal federal Bruce Hegyi, quien pidió al jurado un veredicto de muerte para el acusado y que sea una condena unánime para que se pueda aplicar.

Opinó que es el único veredicto justo para Candelario Santana, quien además del asesinato de 8 personas en el bar "La Tómbola", es acusado de 14 muertes más.

Hegyi leyó ante los familiares de Candelario Santana los nombres de los ocho asesinados en 2009, después de asegurar que el criminal actuó a sabiendas de que ponía en peligro la vida de otras personas.

El caso ha provocado expectación y controversia en Puerto Rico, donde la pena de muerte es rechazada por amplios sectores de la sociedad, representados en parte por la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte (CPCPM).

Carmelo Campos, uno de los portavoces de la CPCPM, dijo hoy a Efe que las manifestaciones de los últimos días son una muestra clara del rechazo que existe en la isla contra la pena de muerte.

Destacó que debido a la ola de criminalidad que sufre la isla algunos sectores de la población ven en la pena capital una solución, pero el pueblo puertorriqueño está mayoritariamente en contra, matizó.

Sobre los pormenores del proceso, recordó que los doce miembros del jurado no son los mejores representantes de la sociedad puertorriqueña, ya que, entre otros aspectos, para formar parte de un jurado se exige que se sepa hablar inglés, un idioma que en realidad sólo domina una minoría en la isla caribeña.

Campos sostuvo que las personas que integran el jurado podrían ser más favorables a la pena de muerte que la media y que, aunque no se conoce la identidad de sus miembros, bien podrían ser empleados federales o personas que hayan vivido en Estados Unidos.

Candelario Santana fue declarado culpable el pasado 8 de marzo en un juicio federal por el asesinato el 17 de octubre de 2009 de ocho personas, entre ellas una mujer embarazada, en el bar "La Tómbola", del distrito puertorriqueño de Toa Baja, en la costa norte de Puerto Rico.

El delincuente ya había sido declarado culpable de cinco asesinatos en segundo grado en 2003, lo que le costó una pena de doce años de prisión, aunque sólo cumplió la mitad por un controvertido acuerdo judicial.

La última vez que se ejecutó a una persona en Puerto Rico fue en 1927, entonces bajo una ley local que se abolió dos años después.