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Procurador de Ecuador revela caso de espionaje a funcionarios y presidente

Se trata de "correos electrónicos (...) comunicaciones internas entre funcionarios del Estado" que finalmente no fueron dados a conocer ante el tribunal por tratarse de datos reservados

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El procurador general de Ecuador, Diego García, denunció este lunes que "están siendo espiadas las autoridades del estado" y que en un juicio que se celebra en Estados Unidos se intentaron revelar "comunicaciones entre autoridades del Estado que incluyen al presidente de la República", Rafael Correa.

Se trata de "correos electrónicos (...) comunicaciones internas entre funcionarios del Estado" que finalmente no fueron dados a conocer ante el tribunal por tratarse de datos reservados aunque, según García, el pasado 29 de octubre el asambleísta opositor Clever Jiménez aludió en un boletín de prensa a contenidos de esas comunicaciones.

Consideró una muestra de "alta irresponsabilidad" y un hecho "realmente preocupante" que el asambleísta reconociera en su comunicado manejar tales datos, que constituyen "información privilegiada o reservada entre las autoridades del Estado".

García, quien hizo estas manifestaciones al periódico digital Ecuador Inmediato, se refería a un comunicado en el que, según la procuraduría, Jiménez afirmó que "el bufete de abogados Foley Hoag (...) fue contratado por el gobierno ecuatoriano para la defensa en varias demandas internacionales, pese a que trabaja para la multinacional Chevron-Texaco".

La procuraduría rechaza las manifestaciones de Jiménez y, aunque, en un comunicado difundido el sábado, admitió que existe "una relación contractual con el estudio jurídico Foley Hoag (...) para la codefensa del Ecuador en varios litigios", agregó que "no es cierto que dicha firma trabaje para la compañía Chevron, sus filiales o empresas relacionadas".

Chevrón fue condenada en 2011 por la Corte de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos a pagar más de 19.000 millones de dólares de indemnización por los graves daños que se le imputan haber dejado en la Amazonía durante el tiempo en que operó en Ecuador, entre 1962 y 1990.

Un tribunal arbitral de La Haya, a su vez, tramita una demanda de la petrolera para intentar endosar a Quito el pago de la indemnización.

La compañía, además, ha acusado a los grupos indígenas que le demandaron y a sus abogados de fraude y extorsión y el juicio por esas acusaciones se sigue en un tribunal de Nueva York.

García precisó que el asunto "del supuesto conflicto de interés de Foley Hoag en el caso Chevron estaba entre los correos electrónicos" que la petrolera trató de presentar en el juicio en Nueva York, donde el juez "impidió que circularan al tratarse de información privilegiada" de carácter jurídico.

La información que supuestamente fue conocida por Jiménez "no tendría por que estar en manos de cualquier persona, salvo que la haya obtenido legalmente a través de un pedido", indicó el procurador.

"No recuerdo que el asambleísta Jiménez me haya pedido información" como la que mencionada en su boletín de prensa, aseveró.