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Piden ocho años de cárcel para la infanta Cristina de España

La infanta Cristina se sentará en el banquillo de los acusados a partir del próximo 11 de enero | Foto: EFE

La infanta entre los otros 17 imputados por corrupción

La defensa argumentó que la hermana del rey Felipe VI  no puede ser juzgada si solo la acusa una acción popular, dado que la Fiscalía ni  Hacienda actuaron en contra 

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Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI de España, se sentó ayer por primera vez en el banquillo de los acusados, aunque con la esperanza de que sea por poco tiempo, imputada de fraude fiscal en un juicio por corrupción, protagonizado por su esposo, Iñaki Urdangarin, y que en caso de ser condenada enfrentaría ocho años de prisión.

En la primera sesión de un juicio que se prolongará hasta junio próximo, la defensa de la infanta desplegó un arsenal de argumentos para exculparla. El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, también pidió que la hermana del rey sea exonerada de la acusación de delito fiscal en aplicación de la Doctrina Botín, una jurisprudencia que adoptó el nombre del presidente del Banco Santander (Emilio Botín) en un caso similar.

Pero a la espera de que el tribunal decida, la infanta tuvo que sentarse junto con los otros 17 acusados en una sala con el retrato de su hermano, Felipe VI, jefe del Estado desde la abdicación de su padre (Juan Carlos I) en junio de 2014.

“¡Los Borbones, a los tiburones!”, “¡España, mañana, será republicana!”, gritaban manifestantes a la puerta del tribunal. Cristina, de 50 años de edad, llegó con su esposo, Iñaki Urdangarin, de 47 años. La pareja vive desde 2013 en Ginebra con sus 4 hijos.

La infanta afronta cargos por dos delitos fiscales en relación con la presunta malversación de 6 millones de euros cometida por Urdangarin y su ex socio Diego Torres. Los dos hombres están acusados de prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, tráfico de influencias, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo.

Urdangarin y Torres son sospechosos de inflar contratos firmados entre 2004 y 2006 por una entidad sin ánimo de lucro que dirigían, el Instituto Nóos, con los gobiernos regionales de Baleares y Valencia. Después, esos beneficios fueron supuestamente desviados a empresas pantallas encabezadas por Aizoon, propiedad de Cristina y su esposo.

El fiscal pide para ellos 19,5 años y 16,5 años  de cárcel, respectivamente. La infanta siempre ha asegurado que desconocía esos negocios y que había confiado ciegamente en su pareja, del que se negó a divorciarse pese a la presión de una Casa Real determinada a limitar los daños de la maltrecha imagen de la Corona. “Todo esto es un trago de gusto malo para la monarquía y yo imagino que Felipe VI está muy contrariado”, dijo José Apezarena, biógrafo del monarca.

 

Privilegio. “No habrá ningún juez valiente en este país que vaya a enviar a la cárcel a la infanta Cristina”, se lamentó Francisco Solana, desempleado de 45 años que con una bandera republicana estaba en las inmediaciones del tribunal.

La hermana del rey es acusada por la Asociación Manos Limpias (ultraderecha), dado que la Fiscalía ni Hacienda Pública actuaron contra ella. En que las dos instituciones no acusen a la infanta yace su esperanza de escapar al juicio, según su defensa, la cual argumentó que no puede ser juzgada si únicamente la acusa una acción popular, refiriéndose a la Doctrina Botín

La imputación  generó severas discrepancias entre el juez instructor del caso, José Castro, y Pedro Horrach, que llegó a acusar al magistrado de apoyarse en una "teoría conspiratoria" para imputarla.

La representante de Manos Limpias alegó que la acusación popular es un derecho recogido en la Constitución “Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y por tanto no pueden aplicarse doctrinas anacrónicas” que equivaldrían a un privilegio, aseguró.

Urdangarin se esforzó por desvincular a la infanta, a su padre y a la Casa Real de todos sus negocios. Sin embargo, Torres siempre defendió que Juan Carlos I estaba al corriente de la actividad de Nóos. “La Casa Real era informada, lo conocía, lo supervisaba”, concluyó.

 

Momentos clave

 

·        2010. El juez José Castro, de Palma de Mallorca, abre una investigación sobre el Instituto Nóos, sociedad sin ánimo de lucro presidida por Urdangarin de 2004 a 2006 y contratada por el gobierno regional de las Islas Baleares para organizar un congreso vinculado al deporte, que habría dado lugar a la emisión de facturas falsas.

 

·        2011. Urdangarin es imputado.

 

·        2013. El juez imputa a Cristina por considerar que cooperó en los negocios de su marido.

 

·        2014. Juan Carlos I abdica en favor de su hijo Felipe. La Audiencia de Palma confirma la imputación de la infanta por dos delitos fiscales, pero suprime el de blanqueo.

 

·        2015. Felipe VI retira el título de duquesa de Palma a su hermana Cristina.