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Piden a Chinchilla declarar emergencia nacional por hacinamiento en cárceles

La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla

La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla

Si la tendencia continúa para mayo del próximo año los penales costarricenses estarán albergando 45,6% más personas de las que tiene capacidad

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Diputados de oposición, la Defensoría de los Habitantes, sindicatos y funcionarios judiciales pidieron hoy al Gobierno de Costa Rica declarar emergencia nacional debido a la situación de hacinamiento en las cárceles del país, que ya alcanza 38%.

En una carta enviada a la mandataria Laura Chinchilla, se solicita además realizar una auditoría a la Dirección General de Adaptación Social, entidad encargada del sistema penitenciario del país, que atiende actualmente a 13.864 reos, pese a que su capacidad es de 10.046.

El director de la Escuela Penitenciaria de Costa Rica, Eugenio Polanco, explicó a Efe que hace seis años el país no tenía sobrepoblación carcelaria, pero que la instalación de tribunales de flagrancia, donde se dictan condenas inmediatas a personas atrapadas cometiendo un delito, así como el endurecimiento de las penas, han cambiado drásticamente la situación.

Si la tendencia continúa, para mayo del próximo año, cuando concluya el Gobierno de Chinchilla, las cárceles costarricenses estarán albergando 45,6% más personas de las que tiene capacidad, lo que representará un exceso de 4.669 reos.

Polanco criticó que el Gobierno ha recortado 63 millones de dólares al presupuesto de Adaptación Social en los últimos dos años, mientras que ha multiplicado por cinco los recursos del Ministerio de Seguridad, hasta llegar a 496 millones de dólares, que se dedican a la persecución de los criminales.

"Hemos puesto el énfasis en la parte represiva pero esto tiene efectos perjudiciales para el sistema penitenciario y para la sociedad, porque no hay una adecuada atención a esta población, que se encuentra hacinada, sin terapia, sin capacitación y por lo tanto sin oportunidad de lograr una reinserción en la sociedad", afirmó.

La Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, describió las cárceles del país como "depósitos de seres humanos", pues aunque el promedio de hacinamiento es de 38%, algunos centros registran una sopbrepoblación de hasta 78%.

Para Taitelbaum, se trata de una cadena de problemas porque por ejemplo, la falta de espacio impide hacer una clasificación de los privados de libertad entre aquellos más peligrosos y los que ingresan al sistema por primera vez y por delitos menores.

La diputada del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC) Carmen Granados resaltó en rueda de prensa que es urgente establecer una "mesa de diálogo nacional" para llegar a soluciones concretas para el problema carcelario pues no solo los reos viven en condiciones infrahumanas, sino también los trabajadores de los centros penitenciarios.

El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (Anep), Albino Vargas, denunció que las condiciones en que trabajan los 3.125 policías penitenciarios y los 1.919 empleados en las cárceles, no son mejores que las de los mismos presos.

"Tenemos un personal exhausto al que se le están violando también sus derechos humanos", aseguró.

La diputada del PAC Carmen Muñoz hizo un llamado a las autoridades para poner en marcha una verdadera política integral de prevención y atención del delito que vaya más allá de un aumento en el encierro.

Tanto Muñoz como Taitelbaum, Vargas y Polanco, coincidieron en que el problema de fondo es la desigualdad social que experimenta el país y que aumenta los niveles de delincuencia, y que con un enfoque exclusivamente represivo no se solucionará el problema.