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Perú: Alan García se defiende de acusaciones por presunta corrupción

El expresidente de Perú agregó que su gobierno "usó normas de urgencia para colegios, agua potable, hospitales; para crecer y dar empleo

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El expresidente peruano Alan García defendió hoy el decreto de urgencia que permitió construir 52 colegios durante su segundo gobierno (2006-2011), uno de los casos por los cuales una comisión parlamentaria recomendó su acusación por presuntos delitos de corrupción.

"Critican Decreto de Urgencia que permitió construir 52 colegios emblemáticos. Pero lo ha usado este gobierno. Que acusen a (el actual presidente Ollanta) Humala también", escribió García a través de su cuenta en Twitter.

El exmandatario del partido Aprista agregó que su gobierno "usó normas de urgencia para colegios, agua potable, hospitales; para crecer y dar empleo. Es la diferencia entre 8 % y 2 %" de crecimiento del producto interno bruto (PIB), en referencia al porcentaje alcanzado durante su gestión y en la actual Administración.

El pleno del Congreso aprobó ayer dos informes de la "megacomisión" que investigó a García, desde septiembre de 2011, sobre los decretos de urgencia para construir medio centenar de colegios y la supuesta intervención política en la investigación judicial contra la empresa Business Track (BTR) por presunto espionaje.

Tras la aprobación en el pleno, los informes deben ser debatidos por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, antes de poder ser remitidos a la Fiscalía para que evalúe la pertinencia de abrir una investigación penal contra García.

Además, el grupo parlamentario investigó al exmandatario por las conmutaciones de pena e indultos otorgados a narcotraficantes y delincuentes, y el año pasado recomendó su acusación, pero este informe aún no ha sido debatido por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El presidente de esa subcomisión, José Luna, declaró hoy a la prensa que el debate del caso de los "narcoindultos" se realizará dentro de 45 días.

García no hizo mención, por el momento, a la denuncia de la comisión investigadora que consideró que existen "indicios razonables" de que él y varios funcionarios de su segundo gobierno conformaron una asociación ilícita para delinquir, por presuntamente haber interferido en la investigación de un caso de espionaje telefónico.

El grupo de trabajo consideró que García y sus exministros Jorge del Castillo, Miguel Hidalgo y Hernán Garrido Lecca fueron responsables de una supuesta interferencia política en la investigación judicial a la empresa BTR, dedicada a un espionaje telefónico que fue descubierto en 2008.

El presidente de la "megacomisión", Sergio Tejada, sustentó ante el Congreso el informe sobre las denuncias de irregularidades en la reconstrucción y modernización de grandes colegios del país y consideró que García y el exministro de Educación José Antonio Chang deben ser denunciados por una presunta infracción constitucional.

"El marco legal generado habría permitido actos de corrupción, la sobrevaloración de obras, el cobro menor de penalidades, entre otros", señaló el informe.

En opinión del abogado de García, Wilber Medina, el decreto de urgencia no sólo se hizo para construir los colegios emblemáticos sino para "enfrentar el clima que había entonces de debacle de la economía mundial", en referencia a la crisis financiera internacional de 2009.

Medina dijo, a RPP Noticias, que el Poder Judicial ya ha anulado las denuncias en este sentido contra García y confió en que sea archivado.

"Todo eso no tiene sentido de ser, tiene que irse al archivo respecto al expresidente García", señaló el letrado.

Según el legislador Juan Pari, exintegrante de la megacomisión, "la enseñanza que debe tener la clase política es que los decretos de urgencia no son prerrogativas que se pueden promulgar y asumir, irresponsablemente, para hacer un forado legal y evadir los controles del sistema de inversión pública nacional".