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Peña Nieto promulga reforma clave para el sector energético de México

El presidente de México, Enrique Peña Nieto / EFE

El presidente de México, Enrique Peña Nieto / EFE

La iniciativa, anunciada en agosto de este año, fue aprobada por el Parlamento la semana pasada, después de largos debates políticos y frente a la oposición de la izquierda, la cual se niega a que se pierda el monopolio estatal del sector, que se mantiene desde 1938

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La reforma constitucional del sector energético mexicano, una de las iniciativas más importantes de las últimas décadas, fue promulgada hoy por el presidente Enrique Peña Nieto, aunque pasará tiempo hasta que comiencen a notarse sus efectos en la economía del país.

Pocas horas después de regresar a esta capital tras un viaje de Estado a Turquía, Peña Nieto firmó la reforma constitucional en un acto que se desarrolló en el Palacio Nacional, con la presencia de altos funcionarios, legisladores y dirigentes políticos.

La iniciativa, anunciada en agosto de este año, fue aprobada por el Parlamento la semana pasada, después de largos debates políticos y frente a la oposición de la izquierda, la cual se niega a que se pierda el monopolio estatal del sector, que se mantiene desde 1938.

Ese trabajo fue ensalzado por Peña Nieto en un mensaje de quince minutos después de promulgar la reforma, en el que agradeció el "minucioso trabajo legislativo" que cumplieron senadores y diputados para que la iniciativa pudiera ser aprobada.

Se trata, dijo, de una reforma "histórica" y "fundamental para el futuro de los mexicanos" porque "iniciará una nueva etapa para el desarrollo del país".

Con este paso, añadió, se ha demostrado que "sí se puede transformar a México en democracia, y sí se pueden hacer cambios de fondo por la vía institucional".

En su mensaje, en el que insistió en las ventajas que aportará esta iniciativa, dijo que se trata de "una de las reformas más transcendentes de las últimas cinco décadas", porque permitirá a México "enfrentar con éxito los retos del siglo XXI".

Destacó que a partir de este paso se podrán explotar yacimientos que hasta ahora no han sido rentables para la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex), como los situados en aguas profundas y en formaciones de lutitas (petróleo y gas "shale").

También permitirá obtener mayores recursos financieros y "tecnología de punta", sin endeudar al Estado, a la vez de aumentar las reservas conocidas y "elevar la competitividad de toda la economía nacional".

Insistió en que el Estado seguirá manteniendo la propiedad sobre sus hidrocarburos y se "fortalecerá la soberanía nacional" y garantizó que en el sector energético "habrá mayor transparencia y rendición de cuentas".

"En exploración y extracción de petróleo y gas, cualquier contrato que otorgue el Estado podrá ser consultado por la ciudadanía y ser sujeto a auditoría", recalcó.

En discursos previos, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Raúl Cervantes y Ricardo Anaya, respectivamente, destacaron también la importancia histórica del paso dado hoy.

Para Cervantes, la promulgación de esta reforma representa "un nuevo paradigma constitucional" que replantea "el concepto estratégico del Estado".

Anaya, por su parte, mencionó las limitaciones que tiene Pemex para aprovechar al máximo el petróleo y el gas y destacó que en países como China el sector está "abierto a la competencia" y en Brasil se llevan "décadas de apertura a la inversión privada".

"Nuestro modelo público está agotado", insistió el diputado.

Al acto asistieron ministros, legisladores, gobernadores estatales y dirigentes políticos. No hubo ninguno de la izquierda mexicana, que se opone a la inversión privada en el sector y ha intentado por todos los medios evitar la aprobación de la reforma.

De hecho, la izquierda está buscando la convocatoria de un plebiscito en 2015 sobre este tema, coincidiendo con las elecciones legislativas federales, una consulta que, según expertos jurídicos, no se ajusta al actual marco constitucional.

Ahora quedan pendientes aún las leyes y otras normas que reglamentarán la iniciativa. Se volcarán en esa labor los legisladores cuando reanuden sus sesiones en febrero próximo.

Además, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrán que reordenarse internamente para ajustarse a los cambios constitucionales promulgados hoy y prepararse para competir en el futuro con empresas privadas.

El Gobierno mexicano calcula que no será hasta 2015 cuando comiencen a llegar al país las primeras empresas extranjeras interesadas en el sector energético local, por lo que los efectos económicos tardarán aún en llegar.