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Panamá insta a Venezuela a respetar la democracia y las libertades

Vallarino aseguró que el secretario Insulza “está claro en que la OEA tiene que tomar alguna acción sobre Venezuela” | Foto Cortesía OEA

Vallarino aseguró que el secretario Insulza “está claro en que la OEA tiene que tomar alguna acción sobre Venezuela” | Foto Cortesía OEA

La nación centroamericana consideró que se criminalizó la protesta y que los manifestantes han sufrido una represión desproporcionada de la fuerza pública

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“Ningún Estado puede escudarse en el principio de no intervención para justificar la inobservancia de obligaciones en materia de Derechos Humanos adquiridas en virtud del derecho internacional”, señaló ayer el embajador de Panama, Arturo Vallarino, en su discurso en la sesión extraordinaria de la OEA.

La alocución del representante de la nación centroamericana señaló que resulta inaceptable concebir la idea que el mismo orden jurídico internacional ideado para reafirmar los derechos humanos sea utilizado con el principio de no intervención.

Afirmó que ante la grave situación de Venezuela, reportada ampliamente por diferentes medios, Panamá, por iniciativa propia, decidió hacer esfuerzos para lograr un acercamiento entre las partes en conflicto.

“A través del intercambio de ideas y solo mediante el diálogo entre venezolanos se podría encontrar una solución al problema”, manifestó el diplomático.

Argumentó que el objetivo de la existencia de la OEA es un foro político para el diálogo multilateral, la integración y la toma de decisiones en el ámbito americano.

Vallarino manifestó que el llamado que hace Panamá no puede ni debe ser considerado de ninguna manera injerencista. Las razones para esta convocatoria son válidas y legítimas.

“Se nos ha tachado, irrespetuosamente, como lacayos del imperialismo, derechistas, injerencistas, títeres y otras expresiones más que no nos merecemos. A los que así se han expresado, les recuerdo que en 1964, Panamá rompió relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de América y ha sido el único país, de los aquí presentes, que lo ha hecho: Lo hicimos por principios, en defensa de nuestra soberanía y de nuestro pueblo” y recordó que fue la OEA el ente que ayudó a recomponer la relación.

“No permitiremos que el uso de nuestro derecho soberano a expresar preocupación por los acontecimientos que ocurren en otros países y que en el marco de los principios de esta organización deben ser de preocupación para todos, sea la génesis de insultos y ataques, que por altura, decencia, cortesía diplomática y la gran dignidad que tiene el pueblo panameño y su gobierno no serán respondidas, rebajándonos a esos pobres niveles de dialéctica. No hay duda de que los insultos son la razón de los que no tienen razón”.

Vallarino declaró que comparten al igual que expresidentes de Brasil, Chile, Perú y Costa Rica, la preocupación por la criminalización de las protestas pacíficas de estudiantes contra las políticas del gobierno, que argumentaron, son normales en cualquier sociedad democrática. “Las protestas han sido objeto de una represión desproporcionada por parte de la fuerza pública y de ataques por parte de grupos armados ilegales que, algunos medios, vinculan con partidos políticos en el gobierno”.

Diálogo. Panamá dijo que en base a su experiencia, tras la crisis de su país a finales de 1980, apelan a la OEA como el organismo idóneo para un intercambio de ideas y solucionar las diferencias de los venezolanos con el debido respeto a la democracia, los Derechos Humanos, el debido proceso, la libertad de expresión y de reunión, la solución pacífica de conflictos, tolerancia, diversidad y sobre todo la paz, tal como se han comprometido en ese foro.

Vallarino señaló que la OEA ha sido efectiva para la solución de crisis en los últimos 20 años en Haití, Perú, Guatemala, Honduras y Paraguay, entre otras. “Por ello, no aceptamos que se trate de descalificar a la OEA en su función de fortalecer el sistema democrático y la vigencia de los derechos humanos”, adujeron.

Panamá rechazó que su solicitud de invocar una sesión extraordinaria sea calificada como una intervención en los asuntos internos de Venezuela.

“No se puede hablar de intervencionismo cuando de lo que se trata es de la defensa de los derechos humanos, que son inherentes a la dignidad de cada persona, y que todos los Estados, aquí representados, nos hemos comprometido a respetar. Estamos de acuerdo con quienes señalan que ningún Estado puede escudarse en el principio de no intervención para justificar la inobservancia de obligaciones en materia de Derechos Humanos adquiridas en virtud del derecho internacional”, concluyó.