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PT de Brasil contribuirá a pagar multas por "juicio del siglo"

Además de las condenas de cárcel, el Supremo les impuso multas que, en total, suman alrededor de 1,5 millones de reales (unos 750.000 dólares)

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El Partido de los Trabajadores (PT) ratificó hoy que ayudará a pagar las multas que el Supremo Tribunal de Brasil le impuso a los dirigentes de esa formación condenados en el juicio por corruptelas registradas durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

En ese proceso, fueron considerados culpables de diversos cargos de corrupción el ex ministro de la Presidencia José Dirceu, el ex presidente del PT José Genoino, el antiguo tesorero del partido Delubio Soares y el actual diputado Joao Paulo Cunha, todos del PT.

Además de las condenas de cárcel, que van desde los diez años y diez meses aplicados a Dirceu hasta los nueve años y cuatro meses de Cunha, el Supremo les impuso multas que, en total, suman alrededor de 1,5 millones de reales (unos 750.000 dólares).

En una reunión de la dirección nacional del PT celebrada hoy en Brasilia, el partido ratificó una convocatoria hecha hace casi dos meses a la militancia, a fin de que ayude a recaudar fondos para colaborar con los cuatro condenados.

"Son multas desproporcionadas" y "ninguno de ellos" está en condiciones de pagarlas, dijo el presidente del PT, Rui Falcao.

A mediados de octubre pasado, en otra reunión de la dirección nacional celebrada en Sao Paulo, el PT ya había iniciado una campaña de recaudación de fondos, sobre cuyo desarrollo no se informó hoy, aunque sí se volvió a animar a la militancia a colaborar.

En el encuentro de hoy, el PT no se pronunció sobre el juicio, que condenó a un total de 25 personas por diversos cargos de corrupción.

No obstante, en la reunión del pasado octubre ya había cerrado filas con los condenados y acusado a "la derecha" y a sus "aliados en los medios" de comunicación de orquestar una campaña en contra de ese partido, al que también pertenece la actual presidenta, Dilma Rousseff, heredera política de Lula.

El caso se refirió a un escándalo de recaudación ilegal de recursos, en buena parte públicos, que sirvieron para financiar campañas y para sobornar a dirigentes de cuatro partidos a fin de "comprar" su apoyo en el Congreso al Gobierno de Lula, que había ganado las elecciones del 2002 sin mayoría parlamentaria.