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Ortega y la reelección indefinida

Daniel Ortega explicó que requieren "más autonomía para penetrar en la zona, hacer labores de vigilancia" | Foto AFP / Archivo

Daniel Ortega | Foto AFP / Archivo

Es una práctica que apunta a debilitar uno de los elementos esenciales de la democracia como es la alternancia en el mandato

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Uno de los fenómenos político-electorales que se ha venido instalando en varios países latinoamericanos es el de la reelección presidencial. Se trata de una práctica que apunta a debilitar uno de los elementos esenciales de la democracia como es la alternancia en el poder. Además, la reelección por varios períodos consecutivos o de manera indefinida es un traje a la medida para gobernantes que aspiran a perpetuarse en el poder, lo que  constituye un factor distorsionante para la democracia.

Así, aun cuando disposiciones constitucionales prohíban la reelección inmediata o la permitan solamente por una vez, se ha vuelto algo común  que al amparo de maniobras políticas y manipulaciones de la justicia, a veces con la complacencia de otros poderes del Estado, presiones a los órganos judiciales, compra de jueces y de parlamentarios, se ha torcido la norma constitucional para permitir reelecciones sucesivas de los gobernantes cuando no la reelección indefinida.

En el plano regional no son pocos los ejemplos de gobernantes que a través de reformas constitucionales lograron establecer la reelección. Este fue el caso de Carlos Menen, Alberto Fujimori,  Lula da Silva,   Álvaro Uribe, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega.

El caso más notorio es el de Daniel Ortega, quien busca reelegirse de manera indefinida luego de que en 2010 un polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia  declaró la inaplicabilidad del artículo 147 de la Constitución que le prohibía presentarse para un nuevo mandato. 

El ejemplo de Ortega es aún más grave, pues el polémico proyecto de reforma constitucional que recientemente se introdujo ante la Asamblea Nacional de manera inconsulta y sin los necesarios consensos políticos, le habilitaría no solo para presentarse de nuevo para un cuarto mandato en 2016, sino de manera indefinida.

Presentado como un proyecto de reforma parcial de 40 artículos de la Constitución, el texto apunta, según analistas locales,  a transformar el sistema político a través de la constitucionalización de instancias paralelas de sesgo corporativo que debilitan el sistema político,  impulsa la militarización del Estado, transforma la justicia, institucionaliza la concentración de poder al desaparecer los contrapesos que impedían la reelección presidencial y la reducción del umbral de votos requeridos para ganar una elección.  

Al igual que en Venezuela, la propuesta también penaliza “los saltos de talanquera” a los parlamentarios que decidan cambiar de partido.

Una comisión especial de la Asamblea habrá de estudiar el proyecto de reforma en los próximos días y no es difícil anticipar el resultado: los sandinistas requieren 62 votos para aprobarla y actualmente cuentan con 63.

Se trata, en suma,  de una jugada política para concentrar y legitimar los abusos de poder. Como dijo un reconocido especialista: “En los regímenes presidencialistas la falta de alternancia en el gobierno con reelección o sucesivas reelecciones constituye un peligro para la gobernabilidad democrática y para la existencia del Estado de Derecho”.

¿Tendrán algo que decir al respecto los organismos regionales cuyo propósito es promover y consolidar la democracia representativa?