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La ONU denuncia que el adulterio siga siendo un crimen en muchos países

Baile. Tango. Infidelidad / EFE

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Kamala Chandrakirana, admitió que, de acuerdo con algunas tradiciones, costumbres y sistemas legales el adulterio pueda constituir una ofensa civil con consecuencias en casos de divorcio o custodia infantil

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El adulterio sigue siendo un crimen en muchos países y en casos extremos es castigado con la muerte por ahorcamiento o lapidación, denunció hoy el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Discriminación de las Mujeres en la Ley y en la Práctica.

En un comunicado difundido al término de la quinta sesión del Grupo de Trabajo en Ginebra, su presidenta, Kamala Chandrakirana, admitió que, de acuerdo con algunas tradiciones, costumbres y sistemas legales el adulterio pueda constituir una ofensa civil con consecuencias en casos de divorcio o custodia infantil.

Pero rechazó de manera tajante "que sea considerado un crimen, castigable con multas, privación de libertad, azotes o la aplicación de la pena capital mediante lapidación y ahorcamiento", dijo Chandakirana, que agregó que la desproporción de la pena tiene el elemento añadido de discriminación en contra de las mujeres.

"Muchas veces, la letra de los Códigos Penales no tratan a las mujeres y a los hombres de manera equitativa y establecen castigos más duros contra la mujeres, además de dar al testimonio de las mujeres la mitad del valor del testimonio de los hombres", afirmó.

La política de los Grupos de Trabajo de la ONU es no apuntar de manera concreta a ningún país, aunque fuentes diplomáticas señalaron que hay seis Estados que encabezan la "lista negra" en el castigo del adulterio: Arabia Saudí, Yemen, Sudán, Pakistán, Irán y Mali.

En otros países asiáticos, como las dos Coreas, Filipinas y Taiwán, el adulterio puede suponer pena de cárcel, mientras que en la legislación de algunos Estados de EE UU, como Michigan, Maryland, Nueva York, Wisconsin y Carolina del Sur, aún figura como un delito, aunque raramente se abren procedimientos penales al respecto.

El grupo de expertos de la ONU hizo hincapié en que mantener estas legislaciones, incluso en el caso de que se aplique tanto a hombres como a mujeres, supone en la práctica que las mujeres se vean en una situación de "extrema vulnerabilidad, violación de su derecho humano a la dignidad y falta de privacidad e igualdad".

"La criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos es una violación de su derecho a la privacidad y una contravención del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos establecida hace casi dos décadas sobre la base de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos", afirmaron.

En el terreno positivo, el Grupo de Trabajo destacó los pasos en la buena dirección dados por Guatemala y Uganda en los últimos tiempos para retirar de sus leyes el adulterio como delito.