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ONU aprobó una resolución contra el espionaje masivo

Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas | AFP

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La disposición exhorta a los países a respetar y proteger el derecho a la privacidad, incluso en el contexto de las comunicaciones digitales. Además, recuerda que los derechos de las personas también deben estar protegidos en internet, incluida la privacidad

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La tercera comisión de la Asamblea General de la ONU aprobó hoy una resolución impulsada por Alemania y Brasil en contra del espionaje masivo a los ciudadanos y a favor de la privacidad, que pasará ahora al pleno para su votación final antes de que acabe 2013.

"Reafirmamos el derecho a la privacidad, según el cual nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia", dice la resolución.

El texto se lleva negociando desde hace meses al calor del escándalo generado por las denuncias de espionaje a gran escala de los servicios de inteligencia de Estados Unidos a partir de las revelaciones del ex técnico de la CIA Edward Snowden.

La resolución hace mención al artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que recogen el derecho de los ciudadanos a protegerse de esas prácticas.

El texto exhorta a los países a respetar y proteger el derecho a la privacidad, incluso en el contexto de las comunicaciones digitales, tras recordar que los derechos de las personas también deben estar protegidos en internet, incluida la privacidad.

También insta a los estados a adoptar medidas para acabar con esas violaciones y a crear las condiciones necesarias para impedirlas, cerciorándose de que la legislación nacional se ajusta a sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

La resolución pide a los países examinar sus procedimientos, prácticas y legislación sobre vigilancia e interceptación de las comunicaciones y la recopilación de datos personales, incluidas la vigilancia, interceptación y recopilación a gran escala.

El texto expresa "profunda preocupación" por los efectos negativos que pueden tener para el ejercicio y goce de los derechos humanos la vigilancia y la interceptación de las comunicaciones, incluidas la vigilancia y la interceptación extraterritoriales.

Antes de la votación en la tercera comisión, el embajador alemán ante Naciones Unidas, Peter Wittig, dijo que con la resolución se busca hacer frente a lo que llamó los "efectos colaterales" de la revolución digital.

Por su parte, el embajador brasileño, Antonio Patriota, celebró que la lista de copatrocinadores de la resolución haya aumentado considerablemente lo cual, según destacó, indica "claramente" la importancia que dan los ciudadanos del mundo a este tema.

"Si aprobamos finalmente esta resolución estaremos defendiendo los derechos de los ciudadanos a utilizar las nuevas tecnologías disponibles sin temor a interferencias no deseadas", añadió el representante brasileño.

El embajador de Bolivia, Sacha Llorenti, recordó tras la votación que no se estaría debatiendo sobre este tema de no haber sido por Edward Snowden, que está siendo "perseguido" por dar a conocer al mundo "la lógica de espionaje masivo desplegado en el planeta".

Por su parte, los representantes de Estados Unidos y Reino Unido hicieron uso de la palabra una vez aprobado el texto para mostrar su "firme" apoyo al derecho a la privacidad, pero lamentaron que no se hiciese mención en la resolución al derecho a la libre expresión.

El texto, que deberá pasar ahora al pleno de la Asamblea General para su votación final, prevista antes del 31 de diciembre, también ha sido patrocinado por Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Uruguay, entre otros.

Durante las negociaciones se hicieron "algunas concesiones" para acomodar las "preocupaciones" expresadas por varios países, entre otros de Estados Unidos o Reino Unido, según dijeron a Efe fuentes diplomáticas durante las negociaciones.

Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch expresaron la semana pasada su "profunda preocupación" por las presiones de EE UU, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido para "debilitar" el texto de la resolución.