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Las ONG egipcias denuncian que la actual represión es "peor que con Mubarak"

El expresidente, Hosni Mubarak / AFP

El expresidente, Hosni Mubarak / AFP

Las manifestaciones se han convertido en "un peligro para la vida" de las personas que participan en ellas, según un informe elaborado de forma conjunta y presentado hoy, en el que se apoyan en datos de Wiki Thawra (Revolución Wiki), una especie de base de datos de la revolución egipcia disponible en la red

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Las principales ONG egipcias denunciaron hoy la fuerte represión de protestas pacíficas y la violación de derechos humanos por parte del Ministerio del Interior durante los últimos seis meses, que sitúan al país "peor que en la época de (el expresidente) Hosni Mubarak".

"La reacción de las actuales autoridades egipcias ante las protestas no se diferencia mucho de la que hubo durante la revolución del 25 de enero de 2011 (que derrocó a Mubarak). Han cambiado las caras y los nombres, pero la situación sigue siendo la misma", lamentan en un comunicado leído en rueda de prensa.

Las ONG -entre las que están la Red Árabe para la Información de Derechos Humanos o la Iniciativa Egipcia de Derechos Personales- se han unido para denunciar el uso de la violencia contra los manifestantes de "forma indiscriminada, bajo el paraguas de la ley de protestas" aprobada recientemente.

Las manifestaciones se han convertido en "un peligro para la vida" de las personas que participan en ellas, según un informe elaborado de forma conjunta y presentado hoy, en el que se apoyan en datos de Wiki Thawra (Revolución Wiki), una especie de base de datos de la revolución egipcia disponible en la red.

"En los 18 días de revolución contra Mubarak murieron 1.075 personas; durante el Gobierno de Mohamed Mursí cayeron 460 víctimas, mientras que con el actual Gobierno militar y del presidente interino Adli Mansur se contabilizan 2.665 muertos en los primeros cuatro meses tras la caída de Mursi", resume el informe.

De los fallecidos, 2.421 son civiles, 174 policías y 70 militares, de acuerdo con ese recuento.

Entre las víctimas hay 11 periodistas, 7 médicos, 51 mujeres, 117 menores de edad y 211 estudiantes, indica el informe, que incluye en el total los 969 muertos en el desmantelamiento de las acampadas islamistas en las plazas de Rabea al Adauia y Al Nahda.

En cuanto a los heridos por enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, la cifra alcanza los 15.914 en los cinco meses posteriores a la caída de los Hermanos Musulmanes, un dato que contrasta con las 9.228 víctimas bajo la Presidencia de Mursi.

Las organizaciones aseguran que han recibido múltiples denuncias por torturas en centros de detención y fuera de ellos contra civiles y activistas políticos o de derechos humanos.

"La ley que limita el derecho a la manifestación sitúa Egipto en tiempos de la guerra fría", dijo Ahmed Seif Al Islam Hamada, padre del destacado activista Alaa Abdel Fatah, recientemente detenido por convocar una protesta.

También criticaron duramente la decisión del Gobierno de declarar a los Hermanos Musulmanes como organización terrorista.

Esta declaración "sin ninguna sentencia judicial ni pruebas se debe a motivos políticos para justificar la opresión de la libertad de expresión", asegura el comunicado.

Consideran que, en nombre de la lucha contra el terrorismo, Egipto se encuentra inmerso en "un estado de excepción" en el que se decretan leyes que limitan la libertad, se mata a estudiantes en las universidades y se reprimen protestas pacíficas.

Las críticas también alcanzan al poder judicial, al que acusan de estar al servicio del poder y no mantener la necesaria independencia.

"La fiscalía es quien incita a violar el derecho a la inocencia de los presos y no evitar que los ciudadanos puedan ser condenados por algo que no han cometido", lamentó el abogado Mohamed Abdelaziz.

Igualmente, condenaron la represión contra los periodistas "que sólo ejercen su labor de cubrir las manifestaciones" y se refirieron a la detención preventiva durante 25 días de tres informadores del canal en inglés de la cadena catarí Al Yazira, acusados de integrar un grupo terrorista.

Las ONG pidieron la liberación de todos los presos políticos e hicieron especial mención a la detención de los activistas Ahmed Maher y Mohamed Adel, del Movimiento 6 de abril, y el bloguero Ahmed Duma, condenados a tres años de prisión por convocar una protesta ilegal, entre otras acusaciones.

A pesar de la prohibición de las autoridades, centenares de islamistas salen a manifestarse a diario en varias ciudades del país para pedir la restitución de Mursi.