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Médicos se resisten a practicar aborto en Uruguay pese a ser legal

En el caso de la segunda ciudad más importante de Río Negro, Young, ninguno de los ginecólogos existentes acepta practicar el aborto

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Dos departamentos del noroeste de Uruguay registran un alto índice de objeción de conciencia por parte de los médicos para practicar abortos, lo que puede "generar un colapso de los servicios", según un estudio sobre el acceso al aborto legal difundido hoy por la ONG Mujer y Salud Uruguay (MYSU).

En el caso de Paysandú, el número llega al 87,3 % de los médicos; mientras en Río Negro casi la mitad de los ginecólogos se declaran objetores (42,9 %).

Por razones de conciencia, esos profesionales de la salud optan por no participar en la interrupción voluntaria del embarazo, un procedimientos que está previsto por la ley y por el código de ética de la medicina.

En el caso de la segunda ciudad más importante de Río Negro, Young, ninguno de los ginecólogos existentes acepta practicar el aborto.

Para la coordinadora de MYSU, Lilián Abracinskas, el dato es alarmante porque "el método abortivo recomendado es a través de fármacos y lo que hace el médico es negarse a prescribir un medicamento".

"Eso quiere decir que muy probablemente el porcentaje sea peor si hay la necesidad de practicar un aborto con legrado o después del primer trimestre del embarazo, como permite la ley en casos de violación o riesgo de muerte para la madre", explicó a Efe.

A su juicio, "el derecho del médico a la objeción no puede impedir el derecho de la mujer a abortar".

Las mujeres que solicitan interrumpir el embarazo en la localidad de Young son trasladadas a la capital del departamento, Fray Bentos, en donde los cuatro ginecólogos disponibles asisten al aborto, pero están sobrecargados, según el informe.

"Cuando Fray Bentos no tiene capacidad de sus recursos humanos para atender la demanda, se les traslada a Montevideo", dice el estudio, que también resalta la dificultad de verificar las condiciones del "control postaborto" de esas mujeres.

El tercer departamento estudiado por la ONG, Soriano, se negó a brindar los datos, por lo que la organización recurrió a la ley de acceso a información y todavía aguarda respuesta.

"No nos habilitaron información sobre el número de abortos realizados, la cantidad de médicos objetores, números de mamografías o pruebas de papanicolau realizadas, ni tampoco el número de cesáreas", contó Abracinskas.

Otra etapa del estudio consistió en entrevistar a mujeres entre 15 y 49 años y reveló "que sigue siendo muy fuerte el componente de estigma y discriminación hacia las personas que deciden interrumpir su embarazo", según MYSU.

"Son mal vistas por la sociedad", subrayó la coordinadora de la ONG.

En ese sentido, Abracinskas consideró que el estigma también afecta a muchos ginecólogos que temen ser vistos como "aborteros".

"Ese prejuicio y sanción social contribuyen para que las mujeres no recurran a la ley y acudan a la clandestinidad", completó.

El estudio sugiere "la revisión y el control de las razones para recurrir a la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la ginecología así como la necesidad de mejorar la organización de los servicios y la distribución de los recursos humanos".

Abracinskas recordó, además, que muchas mujeres no saben cómo solicitar el aborto, por lo que "falta mejorar la difusión de la ley".

Cuestionado sobre los reclamos de las organizaciones sociales, el ministro de Salud, Jorge Basso, dijo a la prensa que se están "trabajando todos los temas".

La ley que reglamentó la interrupción voluntaria del embarazo fue aprobada en el país a finales de 2012.