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Londres vuelve a llamar al embajador español por Gibraltar

Los pescadores españoles se quejan de que los bloques de concreto les han arruinado la faena / AFP

Los pescadores españoles se quejan de que los bloques de concreto les han arruinado la faena / AFP

Es la tercera vez en un año que Trillo es convocado a la sede del Foreign Office por la situación en Gibraltar, después de que en noviembre de 2012 fuese llamado por presuntos incidentes con barcos españoles y en agosto pasado por los registros en la frontera

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El Gobierno británico convocó al embajador de España en Londres, Federico Trillo, por lo que califica de "grave" y "provocadora" incursión de un barco oceanográfico español en aguas territoriales de Gibraltar.

Es la tercera vez en un año que Trillo es convocado a la sede del Foreign Office por la situación en Gibraltar, después de que en noviembre de 2012 fuese llamado por presuntos incidentes con barcos españoles y en agosto pasado por los registros en la frontera.

En esta ocasión la causa ha sido la presencia en el área que rodea al Peñón del buque oceanográfico español "Ramón Margalef", que ya había sido denunciada por las autoridades gibraltareñas, si bien España la considera "rutinaria" en "aguas propias y españolas".

Tres patrulleras de la Guardia Civil española protegieron hoy al "Ramón Margalef" ante la presencia de barcos de Gibraltar, que le enviaron varias advertencias e intentaron que no llevase a cabo una actividad de prospección científica que el Ministerio británico de Defensa califica de "ilegal".

En un comunicado, el Ministerio británico de Exteriores indicó hoy que ese buque "efectuó trabajos de prospección significativos en las aguas territoriales británicas de Gibraltar los días 18 y 19 de noviembre, durante 20 horas" y no se detuvo pese a serle requerido así por radio, al alegar que lo hacía "con permiso de las autoridades españolas y en beneficio de la Unión Europea".

El Foreign Office resalta que se produce "solo dos semanas" después de "las peligrosas maniobras" de una embarcación de la Guardia Civil que causó una "ligera colisión" con un buque de la Policía del Peñón, "poniendo vidas en peligro".

Ese supuesto incidente ya causó una protesta formal británica ante el Ejecutivo de Madrid el pasado día 4, si bien en esta ocasión Londres ha decidido elevar el tono y llamar hoy al embajador español para transmitirle en persona su condena en un encuentro con el subsecretario permanente del Foreign Office, Matthew Rycroft.

"Condeno con firmeza esta incursión provocadora y le pido al Gobierno español que garantice que no se repetirá", dijo David Lidington, secretario de Estado británico para Europa.

"Estamos preparados para hacer todo lo necesario con el fin de proteger la soberanía, economía y seguridad de Gibraltar", agregó.

Lidington consideró además que "va en interés de España, de Gibraltar y del Reino Unido que se eviten incidentes como estos que dañan las posibilidades de establecer diálogo y cooperación".

En su nota, el Foreign Office censuró hoy que España "ha incrementado el nivel de las incursiones ilegales" en los últimos dos años, pues unos 40 buques "del Estado español" entran al mes en aguas gibraltareñas, cuando hace dos años eran apenas cinco.

Gibraltar considera que tiene jurisdicción sobre tres millas náuticas alrededor del Peñón, algo que no reconoce España, pues en virtud del Tratado de Utrecht de 1713 solo admite la soberanía gibraltareña sobre las aguas del puerto.

La última vez que el embajador español fue llamado a la sede del Foreign Office fue en agosto, cuando se incrementaron las tensiones entre el Reino Unido y España por los intensos registros fronterizos en Gibraltar, dando lugar a filas de varias horas.

El pasado viernes, el Reino Unido sufrió un varapalo diplomático cuando la Comisión Europea (CE) dictaminó que "no ha encontrado pruebas" de que los registros sobre personas y mercancías practicados por las autoridades españolas en la frontera con el Peñón hayan infringido el derecho comunitario.

Pese a ese fallo, Londres han mantenido que los registros, que según España buscan acabar con el contrabando de tabaco en la frontera, son "ilegales", "desproporcionados" y tienen "motivaciones políticas".