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Líderes africanos amenazan con retirarse en bloque de la Corte Penal Internacional

El presidente de Kenia está implicado en los sucesos violentos de su país en 2007 | Foto Reuters

El presidente de Kenia está implicado en los sucesos violentos de su país en 2007 | Foto Reuters

Desconocimiento de la Unión Africana del tribunal consagrará cultura de la impunidad en el continente

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Por considerar que la Corte Penal Internacional tiene un juicio parcial, los líderes de la Unión Africana amenazan con retirarse del referido órgano de justicia, lo que en opinión de los especialistas consagraría la cultura de la impunidad en el Continente.

Esta medición de fuerzas entre el estado soberano y la instancia supranacional, tiene un nuevo capítulo con el proceso que la CPI sigue al presidente y vicepresidente de Kenia, Uhuru Kenyatta y William Ruto, respectivamente,  acusados por crímenes de lesa humanidad en las violentas manifestaciones que sucedieron a las elecciones de 2007 que dejaron un saldo de más 1.000 víctimas mortales y cientos de miles de desplazados. El proceso contra Ruto comenzó el 10 de septiembre y en noviembre próximo se  prevé el de Kenyatta.

La propuesta de desconocer la Corte, sin embargo, tiene tiempo en los lobbies africanos, ya que el borrador de resolución de retiro de los países miembros de la UA fue redactado, en mayo de este año, durante su  XXI Cumbre realizada en Addis Abeba, Etiopía. “La Corte Penal Internacional persigue africanos sobre bases raciales. Los líderes  han llegado al consenso de que el proceso que ha sido elaborado por la CPI tiene una falla", dijo en ese entonces  el primer ministro de Etiopía, Hailemariam Desalegn.

Un acontecimiento importante en esta diatriba UA-CPI se registró en 2009, cuando los miembros de la UA, por mayoría, dijeron que no cooperarían, en la detención y entrega, del presidente de Sudán, Omar al Bashir,  acusado de crímenes de guerra en la región de Darfur (2003). Sólo Botswana y Suráfrica cerraron sus fronteras a Al Bashir, quien se movilizó sin problema alguno por el resto del continente.


Causas controvertidas. 34 de los 54 estados de África, miembros de la UA, son signatarios del Estatuto de Roma que estableció la CPI. Pese a ello no hay un vínculo directo entre la Unión y ese tribunal internacional debido a causas estructurales. “La UA se presenta como un organismo supranacional pero los estados africanos mantienen el principio de igualdad soberana, así como el respeto a la independencia y la territorialidad, es decir, la UA es más una instancia intergubernamental clásica que no puede tomar decisiones coercitivas que obliguen a los estados sino que depende de cada uno de ellos”, explicó el africanista y profesor de la Universidad de Estrasburgo, Mbuyi Kabunda.

El especialista añadió que una de las principales críticas al sistema de justicia internacional es que invisibiliza las especificidades y aspectos tradicionales de la cultura no occidental, lo que genera cierta incomprensión y resistencia. No obstante, añadió la importancia de intervenir en un estado, cualquiera que éste sea, cuando se trate de  crímenes de guerrea, lesa humanidad y genocidio.

Que en la práctica la mayoría de los procesos de la CPI se hayan abierto a líderes africanos ha generado suspicacia. El profesor titular de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nairobi,  Macharia Munene, sostuvo que  los sectores políticos en África cuestionan la aparente desviación de la Corte al victimizar a sus líderes a instancias de los poderes occidentales y sus representantes. “Algunas euro-potencias se niegan a aceptar la CPI por sí mismos, e incluso amenazan con destruir a La Haya si la CPI tocó algunos de sus ciudadanos, mientras que espera que otros países queden sujetos a sus reglas”, observó.

Munene manifestó que la CPI no ha investigado los crímenes contra la humanidad cometidos por los  euro-poderes incluso en África.

Kabunda agregó que otro aspecto que explica el distanciamiento entre la UA y la CPI es que muchos dirigentes africanos “son solidarios en sus violaciones a los Derechos Humanos”, es decir, actúan como un club se cómplices para evitar pases de factura, entre ellos mismos.

A esto se añade que las instancias judiciales propias de la UA no han mostrado competencia. La Comisión  Africana de los Derechos Humanos no es exactamente un tribunal sino un centro de promoción y protección de los mismos, ante el Tribunal Africano de los Derechos Humanos y los Pueblos no se ha llevado a dirigente alguno y el tribunal de Justicia nunca se creó.

Munene estimó poco probable que los estados africanos desconozcan del todo a la CPI aunque su imagen esté desacreditada ante los mismos.


La quinta investigación

El proceso de Kenia es la quinta investigación de la Corte Penal Internacional. El 31 de marzo de 2010, la Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI autorizó a la Fiscalía a iniciar una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en relación con la violencia post electoral de 2007-2008. Ésta es la primera vez que la Fiscalía utiliza sus poderes de “motu proprio” para iniciar una investigación sin que la situación sea referida por un gobierno.

Fueron llamados a comparecer William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey, Joshua Arap Sang, Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta y Mohammed Hussein Ali, dirigentes del Movimiento Democrático Naranja y del Partido de Unidad Nacional.

En 2011, Nairobi solicitó a la Corte que declare inadmisibles los casos de acuerdo con el Artículo19 del Estatuto de Roma, argumentando que la adopción de una nueva Constitución

en el país despejó el camino para queKenia pueda llevar a cabo sus propios juicios. La solicitud fue desestimada por la CPI.


Venecedores y violencia

El proceso electoral de 2007 renovó el mandato de Mwai Kibaki (un kikuyu del partido Unidad Nacional Africana) frente a su opositor Raila Oginga Odinga (un luo del Movimiento Democrático Naranja) ambos pertenecientes, en 2002, a la Coalición Arco Iris ante la propuesta electoral de Daniel arap Moi (del partido único la Unión Nacional Africana de Kenia –KANU-) quien no podía repetir mandato por norma constitucional.

Kibaki fue responsabilizado de prácticas despóticas, corrupción  y de concentración de poder por parte de sus partidarios durante sus últimos años de gestión,  lo que originó el distanciamiento de Odinga, quien se presentó a las elecciones de 2007 con una retórica política contra las denominadas élites corruptas. Los dos candidatos se proclamaron vencedores de la reñida jornada comicial ante la demora de los resultados oficiales del proceso e hicieron, juntos con sus partidarios, un llamado a sus respectivos grupos a manifestarse. En Kenia se desató una ola de protestas y disturbios con más de 1.000 víctimas mortales.

La presión nacional e internacional condujo al reparto del poder entre Kibaki y  Odinga. Esta decisión no sancionó la violencia postelectoral fomentada por ambos candidatos y no resolvió el problema de fondo: el uso y abuso de la etnicidad por los gobernantes para conseguir votos y enfrentar a los ciudadanos.