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Latinoamérica: Tres mandatos interrumpidos por corrupción

Alberto Fujimori, Otto Pérez Molina y Fernando Collor de Melo | Fotos AFP y EFE

Alberto Fujimori, Otto Pérez Molina y Fernando Collor de Melo | Fotos AFP y EFE

La presidente de Brasil, Dilma Rousseff, se ve en el espejo de la historia ante la posibilidad del impeachment y su consecuente salida del poder por supuesto lavado de cuentas públicas. Los gobiernos de Fernando Collor de Mello en Brasil, Alberto Fujimori en Perú y Otto Pérez Molina en Guatemala son ejemplos de mandatarios que afrontaron procesos de destitución o renunciaron al más alto cargo por estar incursos en hechos de corrupción, un mal endémico en la región que, de acuerdo con un artículo de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, sigue mostrando grandes índices de desigualdad en la distribución de la riqueza, aunque ha logrado un éxito considerable en la reducción de la pobreza extrema durante la última década

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Fernando Collor de Mello, el pionero
El ex presidente de Brasil Fernando Collor de Mello, del Partido de Reconstrucción Nacional, fue el primer mandatario elegido por sufragio directo y libre desde 1960. A tan solo dos años de gobierno, renunció tras ser vinculado con casos de corrupción.

Con un discurso de campaña precisamente contra este delito y con la promesa de asistir a los estratos sociales más necesitados, Collor de Mello llegó al poder en 1990 con un ambicioso plan de estabilización para Brasil. En octubre de 1991, el entonces presidente de Petrobras presentó su dimisión, en protesta porque, Paulo Farias, tesorero de la campaña electoral del mandatario, lo presionó para hacer una operación irregular. Un año después su hermano Pedro Mello acusó al presidente de corrupción. Publicó un expediente en el que detalló una red de tráfico de contratos ilícitos y desvío de fondos, liderada por Farias. Una de las denuncias involucró a la entonces esposa de Collor de Mello, Rosane Malta, a quien acusaron de robarse el dinero de un organismo público de asistencia social.

Finalmente, el 26 de mayo de 1992 la Cámara de diputados abrió una investigación a Collor de Mello que ratificó los abusos y delitos imputados a su tesorero. La instancia legislativa añadió acusaciones como sobornos a empresarios a cambio de favores políticos y depósito de dinero mal habido a empresas fantasmas en paraísos fiscales. De acuerdo con la investigación, este esquema creado por Farias aumentó con creces el patrimonio del presidente. Esas denuncias hicieron que los brasileños salieran a las calles para pedir su renuncia.

La Cámara Baja votó que había suficientes indicios para procesar a Collor de Mello y aprobó separarlo temporalmente del cargo. El 29 de diciembre de 1992, minutos antes de la votación de su caso en el Senado para su destitución, renunció.

El mandatario no fue enjuiciado porque el Tribunal Supremo lo libró de cargos en 1994, aunque fue inhabilitado políticamente por ocho años. En 2015 se vio involucrado de nuevo en un escándalo por recibir pagos ilegales de Petrobras.

Fujimori y sus “vladivideos”
El ex presidente de Perú Alberto Fujimori fue acusado de múltiples delitos de lesa humanidad y de abuso de poder, pero su caída política vino por la red de corrupción que mantuvo con su asistente y jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos.

Durante su mandato (1990-2000) gozó de popularidad por ser un presidente implacable con las guerrillas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, a tal punto de neutralizarlas.

Las denuncias de corrupción las hizo la esposa del propio presidente y madre de la actual candidata a la presidencia Keiko Fujimori, Susana Higuchi, que, en agosto de 1994, señaló ante la justicia a dos ex ministros y al viceministro de Justicia del gobierno de Fujimori por corrupción.

Vladimiro Montesinos, asesor del presidente, era el que estaba detrás de esa red turbia de enriquecimiento indebido que cubría los sectores estatal y empresarial, medios de comunicación y partidos políticos.

El 14 de septiembre de 2000, ya precedido por un autogolpe y supuesto fraude electoral, aparece el primero de los “vladivideos”, una grabación en la que se podía observar a Montesinos entregar 15.000 dólares al legislador de oposición Luis Alberto Kouri para que desertara y se uniera al bloque fujimorista.

El escándalo causó una enorme presión de las organizaciones políticas y la sociedad civil que pedían la destitución de Montesinos. La investigación arrojó que el asesor presidencial tenía en Suiza 48 millones de dólares en 3 cuentas bancarias, se enriqueció de manera ilícita, incurrió en lavado de dinero por narcotráfico, fraude tributario, tráfico de influencias, tortura y asesinato.

Tras la crisis, durante un viaje presidencial a Panamá Fujimori desvió su destino a Japón y se quedó allí. El 20 de noviembre envió su renuncia por fax. El 13 de febrero de 2001 la Fiscalía lo imputó de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos. Actualmente, el ex presidente y Montesinos cumplen condena por esos crímenes y violación de derechos humanos.

Otto Pérez Molina, desconectado
El caso del ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina es el más reciente de la batalla en América Latina contra la corrupción. En 2015, a cuatro meses para la conclusión de su mandato, Pérez Molina abandonó el poder al ser acusado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de ser el líder y mente maestra de una red de sobornos, contrabando y fraude fiscal en las aduanas del país, conocida como La Línea, porque utilizaba una línea telefónica para contactar a funcionarios corruptos. Una comisión de Naciones Unidas ayudó a recoger pruebas que se basaron en 89.000 grabaciones telefónicas que tenían que ver con el asunto. Se calculó que se pagaron 3,8 millones de dólares en sobornos entre mayo de 2014 y abril de 2015.

Las denuncias causaron una crisis política en ese país. La gente salió a las calles a protestar. La presión pública condujo a la dimisión de funcionarios del gobierno involucrados en el escándalo. El 25 de agosto de 2015 la Corte Suprema avaló que el Congreso celebrara un juicio político contra el jefe del Estado. La Procuraría General recomendó al presidente que abandonara el cargo para evitar la ingobernabilidad e inestabilidad del país. El 1° de septiembre el Congreso, con votación unánime de los 132 legisladores presentes en la plenaria, se aprobó retirar la inmunidad al mandatario. El 2 de septiembre Pérez Molina firmó el acta de renuncia.

El ex presidente, que ahora se encuentra en prisión preventiva y afronta un proceso penal, insiste en su inocencia y atribuye lo sucedido a la injerencia extranjera.