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Kerry: El Supremo rechazaría el proyecto de ley anti-gay de Arizona

El secretario de Estado de EE UU, John Kerry / AP

El secretario de Estado de EE UU, John Kerry / AP

"No puedo imaginarme cómo esa ley podría sobrevivir al escrutinio del Tribunal Supremo de Estados Unidos", dijo el secretario de Estado de EE UU

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El secretario de Estado de EE UU, John Kerry, confió hoy en que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, vete una iniciativa de ley que permitiría a los negocios locales negar servicios a homosexuales, y consideró que esa propuesta sería declarada inconstitucional si llega al Tribunal Supremo.

"No puedo imaginarme cómo esa ley podría sobrevivir al escrutinio del Tribunal Supremo de Estados Unidos", dijo Kerry en una entrevista con la cadena de televisión MSNBC.

El jefe de la diplomacia estadounidense se refirió así a la ley SB 1062, que otorgaría el derecho a los dueños de negocios de negar sus servicios a los homosexuales basándose en sus creencias religiosas.

"Espero que ella (Brewer) tome la decisión correcta" respecto a la ley, señaló Kerry.

"Veamos si decide vetar la ley. Cuento con la gobernadora (para que lo haga)", agregó.

Las declaraciones de Kerry son las más rotundas que ha emitido hasta ahora la Administración de Barack Obama respecto al proyecto de ley, dado que la Casa Blanca ha evitado pedir abiertamente el veto a la legislación.

"Generalmente no es nuestra práctica pronunciarnos sobre cada pieza de legislación que se considera en los estados", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, en su conferencia de prensa de este martes.

No obstante, Carney recordó que Obama defiende "la igualdad para los estadounidenses de la comunidad LGBT", y cree que todos los ciudadanos, "sin importar su orientación sexual o su identidad de género, deberían ser tratados de forma igualitaria con dignidad y respeto".

"Y esa posición gobernaría nuestra disposición hacia una ley estatal que esté bajo consideración", añadió Carney.

Brewer prevé tomar una decisión este viernes sobre si veta o no la ley, y enfrenta para ello una fuerte presión política y la petición de 83 grandes corporaciones, entre ellas Apple, de que impida que la iniciativa prospere.