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Juez acepta que se censuren testimonios de presos de Guantánamo por seguridad

La Unión Americana de Libertades Civiles considera que se trata de un pretexto para que el Gobierno "mantenga oculto al público los testimonios de los acusados sobre sus torturas"

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El juez responsable de las comisiones militares de Guantánamo, el coronel James Pohl, aceptó que se mantenga la censura de parte de los testimonios de los presos de Guantánamo por motivos de seguridad nacional.

Pohl admitió en un documento publicado hoy la petición del Gobierno estadounidense de que se mantengan los 40 segundos de retraso en la retransmisión del proceso, que puede seguir el público y la prensa por circuito cerrado.

Este retraso da un margen a las autoridades militares para que decidan si lo comentado es información clasificada y, en caso positivo, el audio es interrumpido y lo dicho queda omitido.

Un grupo de 14 medios de comunicación y la organización de derechos civiles Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) se han opuesto a este retraso, que consideran "injustificado".

ACLU considera que se trata de un pretexto para que el Gobierno "mantenga oculto al público los testimonios de los acusados sobre sus torturas".

El juez indicó que recibió peticiones de la Agencia Central de Inteligencia de EE UU (CIA), del Departamento de Defensa y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para que se mantenga la información clasificada en las que explican cómo su desclasificación podría afectar a la seguridad nacional.

Pohl considera el "breve retraso" como la forma "menos intrusiva y perjudicial" para mantener la "transparencia" del proceso y al mismo tiempo "preservar los intereses de la seguridad nacional".

"Estamos profundamente decepcionamos por la decisión del juez militar", lamentó la directora del Programa de Seguridad Nacional de ACLU, Hina Shamsi, quien consideró que el Gobierno "quiere asegurarse de que los estadounidenses nunca escuchan los testimonios de los acusados sobre las torturas ilegales de la CIA".

Esta decisión, según Shamsi, "socava la afirmación del Gobierno de que el sistema de comisiones militares es transparente" y "asesta un duro golpe a su legitimidad".

En mayo ACLU pidió a la comisión militar que denegara la petición del Gobierno y eliminara el retraso en el audio o que al menos diera, como alternativa, una transcripción completa de los testimonios sin censura.

"El retraso es la herramienta a través de la cual el Gobierno evita de forma inconstitucional que el público escuche testimonios sobre tortura", agregó.