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Incitar a la anorexia en Francia se castigará con un año de cárcel y 10.000 euros

Una paciente anoréxica descansa en un hospital con un departamento para problemas de comportamiento alimentario en París en 2007 / AFP

Una paciente anoréxica descansa en un hospital con un departamento para problemas de comportamiento alimentario en París en 2007 / AFP

La anorexia afecta a entre 30.000 y 40.000 personas en Francia, mujeres en un 90% de los casos, y figura entre las patologías psiquiátricas con mayor tasa de mortalidad

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Incitar a la anorexia podría castigarse con un año de prisión y una multa de 10.000 euros en Francia, en virtud de una disposición aprobada por los diputados para reprimir este comportamiento, en particular en páginas 'web'.

La tipificación como delito de la incitación a la anorexia fue votada la noche del miércoles al jueves por propuesta de la mayoría socialista como parte del proyecto de ley sobre salud que se está debatiendo en la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento.

El texto castiga la incitación "a buscar una delgadez excesiva, animando a restricciones alimentarias prolongadas que tengan por efecto" exponer a una persona "a un peligro de muerte o a poner directamente en riesgo su salud". La ministra de Sanidad, Marisol Touraine, se declaró favorable a esta disposición, al igual que el ponente del proyecto de ley, el socialista Olivier Véran.

La anorexia afecta a entre 30.000 y 40.000 personas en Francia, mujeres en un 90% de los casos, y figura entre las patologías psiquiátricas con mayor tasa de mortalidad.

Según los diputados que promovieron la disposición, la tipificación de este nuevo delito "es necesaria, ya que las disposiciones del código penal no permiten actualmente responder a la acción de ciertos sitios 'web'".

El ponente del texto, un médico muy comprometido en la lucha contra la anorexia, propuso recientemente prohibir que las agencias de modelos contraten a personas diagnosticadas en estado de desnutrición.

Su propuesta, apoyada por el Gobierno, fue rechazada en una comisión parlamentaria, ya que muchos diputados de la mayoría y de la oposición conservadora consideraron que dicha disposición supondría discriminación laboral.