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Implican a policías federales en desaparición de 43 estudiantes

 Este caso ha sido uno de los desafíos más grandes que afronta el gobierno de Enrique Peña Nieto | Foto: Referencia

Este caso ha sido uno de los desafíos más grandes que afronta el gobierno de Enrique Peña Nieto | Foto: Referencia

Es la primera vez que aparecen como involucrados agentes en la desaparición de los normalistas

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Dos agentes de la Policía Federal de México participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero) en 2014, informó ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con lo que implicó por primera vez a fuerzas federales en este controvertido caso.

Citando un testimonio no identificado, la comisión aseguró que tiene prueba para “presumir la participación de elementos de la policía municipal de Huitzuco y de dos elementos de la Policía Federal”, por lo que se da un giro a esta investigación que ha sido blanco de duros cuestionamientos por parte de organizaciones internacionales e investigadores independientes.

Eso abre una “segunda ruta de desaparición” de los jóvenes; es decir, una nueva línea de investigación que las autoridades deberían explorar, dijo Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.

La Fiscalía General ha dicho hasta ahora que los estudiantes de la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa fueron atacados a balazos el 26 de septiembre de 2014 en la noche, en Iguala, por policías corruptos de esa ciudad y de la vecina Cocula, mientras los jóvenes se apoderaban de cinco autobuses para hacer futuras protestas.

Siempre según la versión oficial, los jóvenes fueron capturados por los uniformados y entregados a miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado, incinerado, y arrojado sus restos a un río aledaño. Ahora, la CNDH incluye, por primera vez, a los agentes de Huitzuco y de la Policía Federal.

Se trata de “la más cruda expresión del horror y del enorme poder corruptor que pueden lograr las organizaciones delictivas de nuestro país”, dijo el representante González Pérez.

Este caso ha sido uno de los desafíos más grandes que afronta el gobierno del presidente  mexicano, Enrique Peña Nieto, pues ha causado multitudinarias protestas y un deterioro de la popularidad del mandatario.