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Iguala volvió a poner en evidencia la debilidad del Estado

El poder del crimen organizado supera a los gobiernos | Foto: EFE

El poder del crimen organizado supera a los gobiernos | Foto: EFE

La internacionalista Angelina Jaffé considera que la solución del problema requiere construir redes de inclusión y dar acceso a infraestructura, servicios y educación

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El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre ha puesto otra vez en evidencia cómo un Estado (el de México, en esta ocasión) puede ser debilitado por la amenaza que suponen el narcotráfico, la insurgencia, el terrorismo y otros modos de violencia interna.

“Dos conjuntos de instituciones muestran claros déficit de eficacia: los de impartición de justicia y los de seguridad pública. Ambos han sido rebasados o sometidos por la delincuencia organizada”, afirmó José Luis Reyna, investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, en un artículo para el periódico Milenio.

Reyna escribió que incluso el presidente Enrique Peña Nieto hizo alusión a la figura de la debilidad institucional al referirse a la desaparición de los estudiantes. Por eso el investigador considera que Iguala, un municipio con apenas 120.000 habitantes, puso en jaque a todo el Estado mexicano.

“No es el único caso que demuestra la debilidad institucional imperante: Michoacán, Tamaulipas. Todos estos casos hacen imperativa la idea que es urgente una reforma integral de las instituciones del Estado y, en particular, una redefinición de la estrategia de combate a la delincuencia organizada”, agregó Reyna.

El problema no es nuevo. Soledad Loaeza, otra investigadora de El Colegio, lo advirtió hace seis años: “La patente incapacidad del gobierno de frenar la ola de asesinatos y secuestros que ha desatado el crimen organizado es un asunto que va mucho más allá de la competencia personal de los funcionarios”, escribió en el diario La  Jornada.

Dijo que lo que está en juego es la tremenda debilidad del Estado que, a todas luces, no posee el monopolio de la violencia. Se ha visto rebasado por militares que se han pasado a las filas del enemigo, y narcotraficantes y delincuentes que parecen contar con pertrechos y entrenamiento superiores a los que poseen las policías y el Ejército.

Inclusión

Angelina Jaffé, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana, afirmó que el problema que hay en América Latina desde hace varias décadas es que para muchas personas resulta más rentable lograr ascender en el crimen organizado que estudiar y trabajar.

“El narcotráfico, por ejemplo, concentra una cantidad de dinero contra la que el Estado no puede competir. Eso se refleja, entre otras cosas, en las universidades en las que hay un balance excesivamente favorable hacia la presencia femenina contra la masculina”, expresó Jaffé.

La internacionalista señaló que aunque el problema es más agudo en países pequeños, como los de América Central, el caso de Iguala y otros similares revela que también está en México. Advirtió que Venezuela debe estar muy

atenta: “Hay elementos que indican que estamos ya dentro de este fenómeno”.

La solución del problema no es sencilla, añadió Jaffé, porque el lucro fácil resulta muy atractivo. “Lo que se puede hacer es generar redes de inclusión de la población y fortalecer la presencia del Estado. No de una manera redistributiva, repartiendo miseria, sino darle a la población acceso a infraestructura, servicios, educación”.

Jaffé recordó que en América Central hay experiencias interesantes de negociación con bandas criminales –las llamadas maras– con la participación del gobierno y la Iglesia. “Ha habido casos exitosos en los que las maras dejan su actitud violenta porque el crimen genera ganancia rápida, pero acorta la vida. Allí hay un punto para negociar”, expresó.

No solo es Iguala

Dos mujeres que sobrevivieron a las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados mexicanos en junio y que están encarceladas bajo cargos de acopio de armas son inocentes, y deben ser liberadas de inmediato, considera Raúl Plascencia, presidente saliente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien dijo que las dos mujeres no eran parte del presunto grupo criminal al que pertenecían los 22 muertos en una bodega de Tlatlaya, en el estado de México. De acuerdo con una investigación de la comisión ambas fueron torturadas y agredidas sexualmente por funcionarios estatales para que validaran una versión falsa dada por el Ejército en el sentido de que hubo un enfrentamiento.

La detención de las mujeres es una violación de sus derechos humanos, dijo Plascencia, quien supervisó la investigación.

El dato

El investigador Cristian Leyton Salas, del Observatorio Regional de Paz y Seguridad, define al Estado institucionalmente débil como aquel que no es capaz de ejercer un control soberano efectivo sobre el conjunto de su territorio y población. Acrecienta el riesgo de generar al interior de sus fronteras políticas, zonas o espacios en los cuales la ley estatal no se aplica o se aplica deficientemente