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HRW denunció retraso indebido en apelaciones de manifestantes

El presidente Rafael Correa informó que 1.757 personas fueron liberadas hasta febrero de 2015 | Foto AP

El presidente Rafael Correa informó que 1.757 personas fueron liberadas hasta febrero de 2015 | Foto AP

Afirmó que no se ha fijado la fecha de audiencia para las causas en las que funcionarios gubernamentales han apoyado la condena

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La organización Human Rights Watch denunció que el sistema judicial de Ecuador retrasa indebidamente la revisión de los casos de personas que han sido sentenciadas a penas de prisión por participar en protestas contra el gobierno del presidente Rafael Correa.

HRW recordó que, durante los últimos años, fiscales y jueces ecuatorianos aprovecharon las definiciones imprecisas y excesivamente amplias de delitos como terrorismo y sabotaje, presentes en las leyes del país, para condenar por estos cargos a manifestantes antigubernamentales.

La entrada en vigencia en agosto de 2014 del Código Orgánico Integral Penal, que estableció definiciones más precisas de los delitos, abrió la puerta para la revisión de estas condenas, al establecer que se debe aplicar “la ley posterior más benigna” aun sin necesidad de petición de la parte interesada.

Ello obliga a los fiscales a desistir de sus acusaciones y a los jueces a revocar las condenas en aquellos casos en que la conducta atribuida a la persona –de la que se le acusa o por la cual se le condenó– ya no está tipificada como delito.

Correa informó que 1.757 personas fueron liberadas hasta febrero de 2015 como consecuencia de la disposición, pero HRW documentó varios casos que no han sido revisados, a pesar de que la apelación fue solicitada y los plazos establecidos legalmente ya se cumplieron.

“En vez de examinar oportunamente las condenas injustas a la luz de las nuevas disposiciones, los tribunales han demorado la revisión de los casos”, afirmó la organización.

Agregó que la situación es peor cuando el mandatario y otros funcionarios del gobierno han manifestado estar de acuerdo con las condenas, porque los jueces ni siquiera han fijado fechas de audiencia para las apelaciones.

“Es inadmisible que no se concedan audiencias para revocar condenas por terrorismo o sabotaje impuestas a críticos del gobierno y manifestantes pacíficos, incluso cuando el derecho ecuatoriano ha sido reformado para evitar este tipo de abusos del sistema judicial”, declaró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.